Fuera fronteras, pero ¡ojo!

Antonio Gava tuvo que hacer un esfuerzo para no denunciar a gritos la hipocresía de sus anfitriones. Junto con sus otros 11 homólogos, el ministro italiano del Interior acababa de asistir, a principios de diciembre, a una reunión en Atenas del llamado Grupo de Trevi, concluida con el tradicional comunicado en el que los doce se comprometen a reforzar la lucha antiterrorista.Cinco días antes, el 6 de diciembre, el titular griego de Justicia, Vassilis Rotis, había, sin embargo, denegado la extradición a Italia del palestino Abdel al Zomar Ozama, acusado por la policía italiana de participar en el atentado perpetrado hace seis años contra una sinagoga de Roma, en el que murió un niño de dos años de edad, generalmente atribuido al grupo terrorista de Abu Nidal.

El Tribunal Supremo ateniense había recomendado la extradición, solicitada también por EE UU, pero Rotis prefirió expulsarle a Bengasi (Libia) porque, alegó, "las acciones de Al Zomar se enmarcan en la lucha por la independencia de su patria y son, por tanto, un combate por la libertad". Abu Bakr, portavoz del grupo de Abu Nidal, se permitió 48 horas después el lujo de dar desde Beirut las gracias al Gobierno griego por su "decisión positiva".

A partir de 1993, un viajero asiático o latinoamericano sólo debería enseñar su pasaporte al entrar en la Comunidad, pero no al desplazarse dentro de ella de país en país, y Thatcher no se fía de la capacidad de sus socios de vigilar sus fronteras externas, donde debe llevarse a cabo el único control de los forasteros. "Es, por ejemplo, de sobra conocido", comentaba un experto británico, "que el aeropuerto de Atenas es un coladero para terroristas".

España-Portugal

"Incluso ustedes, los españoles", proseguía, "deberían desconfiar de los portugueses, porque les recuerdo que la pasada primavera dimitió su director de Fronteras, Renato Matías, por no haberse enterado de que varios diplomáticos soviéticos cruzaron a Sevilla antes de regresar a Portugal, donde, curiosamente, desaparecieron".

La postura británica no está, sin embargo, exenta de contradicciones. "El más poderoso argumento contra los controles nacionales dentro de la Comunidad (...) lo tenemos en nuestra misma puerta trasera", señalaba el diario londinense The Guardian. "El Reino Unido y la República de Irlanda comparten el problema terrorista más difícil en la CE, pero nunca se han tratado mutuamente como extranjeros desde la independencia de Irlanda", y por eso no hay control de pasaportes cuando se viaja de uno al otro.

"No se pilla a los terroristas en la frontera", insistía en Rodas el jefe de Estado galo, François Mitterrand. Días más tarde, el presidente español, Felipe González, insistía en Bruselas en que 'hoy en día las fronteras no son la clave en la lucha contra la delincuencia".

"Podría pensarse", prosiguió Mitterrand, "que más bien la dificultan, pues un infractor puede escapar o dilatar indefinidamente la acción de la justicia con el simple hecho de cruzar una raya fronteriza".

Aquellos que preconizan la abolición de las fronteras son, no obstante, conscientes de que pueden dar así mayores facilidades a terroristas y criminales, a menos que tomen medidas para contrarrestar su eliminación.

De ahí que el canciller germano occidental, Helmut Kohl, estimase en octubre, en Bruselas, que "ante el desafío que se nos plantea no tenemos más opción", y propusiese nada menos que la creación de "una policía federal europea".

De lo contrario, añadió el político democristiano, "la policía seguirá cojeando detrás de las grandes organizaciones criminales que avanzan a grandes zancadas (...)".

González recogió la idea y desde ese mismo foro de las Grandes Conferencias Católicas sugirió en diciembre "la creación de una Agencia Europea de Seguridad que garantice la coordinación de las autoridades nacionales para hacer frente a las consecuencias de la eliminación de las fronteras interiores".

Paralelamente, González propuso "un espacio judicial europeo, de manera que un delincuente que cometa un delito en Colonia o en Milán sepa que no encontrará refugio o trato más favorable en Luxemburgo o en Marsella, por ejemplo".

Intereses nacionales

Si el espacio judicial suscita mayor interés en Londres, donde Thatcher debe pensar que acaso así no se le escapen otra vez colaboradores del IRA como Ryan, Atenas es, en este caso, la capital más reacia, porque -recordaba su subsecretario de Orden Público, Sifis Valyrakis, después de haber devuelto a Libia al terrorista Al Zomar- "cada país es muy dueño de tomar sus decisiones en función de sus intereses nacionales".

Ambas ideas de González han quedado, en todo caso, por primera vez plasmadas en un documento de trabajo que la presidencia española de la Comunidad remitirá el 22 de febrero al grupo expresamente creado por la cumbre de Rodas y que encabeza Rafael Pastor, subsecretario de la Secretaría de Estado para las Relaciones con la Comunidad.

Con el texto español, el grupo elaborará un Libro Blanco que deberá ser examinado por el Consejo Europeo que tendrá lugar en Madrid a finales de junio.

Los funcionarios españoles que han colaborado en la redacción del documento no se hacen, sin embargo, excesivas ilusiones sobre la creación a corto plazo de un FBI (Buró Federal de Investigación) europeo.

Todo va despacio en la Comunidad Europea, y más cuando los Estados tienen que abandonar parcelas de soberanía. Incluso la misma Administración española no está exenta de culpas cuando se analizan las causas de la lentitud del proceso, porque su resistencia a someter al trámite del visado a latinoamericanos y magrebíes también contribuye a obstaculizarlo.

Como la versión europea del FBI va para largo, el ministro alemán occidental del Interior, Friedrich Zimmermann, insiste en que hay que empezar a paliar el "déficit de seguridad" que empieza a producirse con el debilitamiento de las fronteras otorgando a las policías nacionales un derecho de persecución e investigación más allá de sus países.

Ficheros informáticos

El presidente de la Oficina Federal de la Policía Judicial (BKA) alemana occidental, Heinrich Boge, hacía, por su parte, hincapié la semana pasada, en las páginas del diario Die Welt, en la necesidad de interconectar todos los ficheros informáticos de las policías de los doce y en el indispensable intercambio de agentes de enlace que no se instalen, como sucede ahora, en las embajadas de sus respectivos países, sino que trabajen con sus colegas comunitarios en las dependencias de los ministerios del Interior.

Pero, salvo algunas excepciones, los mandos policiales parecen haberse hecho a la idea de que dentro de cuatro años tendrán que cambiar sus métodos de trabajo porque, parcial o totalmente, las fronteras van a desaparecer.

"La libertad de movimiento", concluía la réplica del diario británico The Guardian a Thatcher, "es como la libertad de expresión: no se puede prohibir porque una minoría abuse de ella".