El Ejecutivo ha estudiado las posibilidades para conceder casi 200.000 millones en ayudas sociales

El presidente del Gobierno ha recibido estudios de sus asesores en los que se establecen diversas hipótesis de reparto, de casi 200.000 millones de pesetas para cobertura del desempleo y equiparación de pensiones al salario mínimo, todo ello referido al presente ejercicio de 1989. Fuentes de la Moncloa afirmaron anoche que el Gobierno tiene muchos estudios y el propósito de efectuar mejoras sociales, pero eso no quiere decir que el jefe del Ejecutivo vaya a anunciar hoy un paquete de medidas concretas. El pleno comenzará a las 12.30 y será retransmitido por la segunda cadena de TVE y emisoras de radio.

La primera intervención de la oposición, tras el discurso presidencial, correrá a cargo del vicepresidente del Partido Popular, Miguel Herrero. La duración mínima del discurso de Herrero será de 20 minutos, si bien en este tipo de sesiones el presidente de la Cámara, Félix Pons, suele permitir a los portavoces utilizar algo más de tiempo. La intervención de Miguel Herrero será la primera de un dirigente del recién constituido Partido Popular en un debate de estas características en el Congreso.El siguiente portavoz en intervenir será el presidente del Centro Democrático y Social, Adolfo Suárez. El líder centrista no sólo tiene ahora que vigilar a Felipe González, sino medir las diferencias de su discurso en relación con el portavoz del Partido Popular, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Para no dar pistas sobre su actitud concreta ante el debate, Suárez ha preferido no aprovechar siquiera, desde el punto de vista informativo, la reciente visita a España del comité ejecutivo de la Internacional Liberal, que ha pasado casi inadvertida.

Posteriormente, subirá a la tribuna de oradores el portavoz de Convergència i Unió, Miquel Roca, a quien seguirán el representante del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti, y los representantes de las minorías representadas en el Grupo Mixto). Será en ese momento cuando pueda subir a la tribuna Nicolás Sartorius, en nombre de Izquierda Unida.

La duración del pleno y la posible intervención de otros portavoces durante el día de hoy dependerá de la ordenación que haga del debate el presidente de la Cámara, así como de la decisión que tome el jefe del Gobierno acerca de responder uno a uno a sus interlocutores, lo cual no es habitual, o de hacerlo conjuntamente para todos o parte de ellos.

Vivienda y pensiones

Los asesores del Gobierno han documentado una eventual decisión presidencial sobre medidas que respondan a las expectativas creadas en amplios sectores. Esas sugerencias se han establecido sobre la base de las condiciones anunciadas por Felipe González en su conferencia de prensa del viernes: no habrá crédito extraordinario, ni aumento del déficit, ni cambio de prioridades generales, sino una reasignación de recursos en la ejecución de créditos presupuestarios ya previstos.

A ello se suman dos reivindicaciones no contempladas por los sindicatos. La primera es un plan de ayudas a la promoción de viviendas sociales y reforma de la ley del suelo, destinadas a mejorar las posibilidades de que ayuntamientos y comunidades autónomas puedan hacerse con mayor cantidad de suelo a precios más baratos.

Más que el anuncio de cifras concretas o de planes espectaculares sobre vivienda social, el presidente marcará dicho objetivo como una de las prioridades esenciales en el próximo Presupuesto del Estado, según estiman medios próximos al Ejecutivo. Si en el debate de 1988 mencionó el desarrollo de las infraestructuras, lo cual se ha convertido en la estrella de los Presupuestos de 1989, otro tanto puede suceder con la vivienda social de cara al próximo Presupuesto.

La segunda medida es el próximo envío a las Cortes de una ley sobre pensiones no contributivas, por la cual se rebaja hasta 65 años la edad mínima para que las personas que no han cotizado a la Seguridad Social tengan derecho a la ayuda del Estado. Esta medida puede beneficiar a cerca de 50.000 personas -sobre los 300.000 ciudadanos del colectivo protegido en la actualidad-, además de incrementar su cuantía hasta la mitad del salario mínimo, según los estudios realizados por el ministerio de Trabajo.

"Sindicatos privilegiados"

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Manuel Fraga, pronunció ayer una condena política de la intransigencia demostrada "lo mismo por el Gobierno que por las centrales sindicales", pocas horas antes de tomar el avión para Estrasburgo, donde permanecerá toda esta semana. Fraga no estará en España durante la realización de un debate al que sólo habría podido asistir de oyente -dado que no tiene la condición de diputado-, aunque ha despachado las líneas generales de la postura del Grupo Popular con Miguel Herrero.

Fraga entiende que la mayor parte de la responsabilidad por el fracaso de la concertación corresponde al Gobierno. "Él fue quien dio una situación de privilegio a las centrales socialistas y comunistas y el que ha sido incapaz de regular por ley los conflictos", según una declaración distribuida ayer.

El presidente del Partido Popular acepta que la política económica del Gobierno está dando resultados, "porque no es, a Dios gracias, una política socialista", pero critica el "elevadísimo e injustificado gasto público, y por lo mismo, un fuerte déficit, con el correspondiente endeudamiento, a pesar de los elevados impuestos". Y añadió: "El modelo económico y social planteado por los gobernantes socialistas españoles se está agotando. Ni la versión más radical de los sindicatos clasistas, ni la más socialdemocrática de los bellos tecnócratas, son solución".