Bruselas impide a Holanda incentivar la compra de coches menos contaminantes
La Comisión Europea y el Gobierno holandés se han enzarzado en una áspera polémica que amenaza la puesta en práctica del importante acuerdo alcanzado en noviembre sobre la reducción de la contaminación provocada por los vehículos de pequeña cilindrada, que constituyen el 60% del parque automovilístico europeo.
Hace algo más de dos meses los doce acordaron, tras largas negociaciones, que los nuevos modelos de automóviles producidos a partir de 1992 y todos los coches que salgan de fábrica en la CE a partir de 1993 con una cilindrada inferior a 1.400 centímetros cúbicos no podrán emitir, en el curso de una prueba técnica a la que serán sometidos, más de 30 gramos de monóxido de carbono, 8 de óxido de nitrógeno e hidrocarburos. Con esta decisión, que en opinión de la industria automovilística encarecerá los coches pequeños en un 4% o 5%, los ministros de Medio Ambiente pretendían disminuir las emanaciones tóxicas que, a su vez, provocan las llamadas lluvias ácidas, que tanto preocupan a los Estados septentrionales de la Comunidad porque destruyen sus bosques.Junto con Dinamarca y Grecia, que carecen prácticamente de industria automovilística, Holanda se pronunció en contra del compromiso por considerarlo insuficiente, pero los tres países fueron puestos en minoría. Para intentar, no obstante, ir más allá del acuerdo, pero respetándolo formalmente, el Gobierno holandés hizo adoptar una ley el martes_pasado por su Parlamento.
Esta le hubiese permitido conceder, a partir del 1 de febrero, una rebaja fiscal de 46.750 pesetas a todo aquel que comprase un coche que se ajuste ya a las normas comunitarias, que estarán en vigor dentro de tres años, y de 93.500 si el vehículo adquirido corresponde a las duras normas anticontaminantes de vigentes en los Estados Unidos, que son más estrictas que las que introducirá la Comunidad Europea.
Advertencia jurídica
La Comisión Europea reaccionó formulando una advertencia jurídica (dictamen motivado) a las autoridades holandesas y solicitándoles que, aunque sea aprobada, no implementen la ley por ahora. Ante el rechazo de su petición, Bruselas reanudó a principios de semana una investigación sobre la legalidad de las ayudas públicas a determinadas industrias automovilísticas que pueden suponer los incentivos fiscales holandeses. La iniciativa del órgano ejecutivo comunitario suspende automáticamente la aplicación de la ley holandesa.
El contencioso acabará, probablemente, dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de la CE, donde el órgano ejecutivo europeo atacará, además, a Holanda por romper la unidad del mercado comunitario. Si la sentencia es favorable a la tesis holandesa, el acuerdo alcanzado es un compromiso de mínimos lo que no le impide hacer un mayor esfuerzo a nivel nacional para preservar mejor su medio ambiente, se da por seguro que otros países, como la RFA y Dinamarca, introducirán también incentivos fiscales.
En su contencioso con Holanda, el Ejecutivo comunitario cuenta con el respaldo de España, Francia, Italia y el Reino Unido, cuya industria automovilística no está, a diferencia de la alemana occidental y de la japonesa, en condiciones de cumplir de la noche al día con los requisitos anticontaminantes norteamericanos y corre, por tanto, el riesgo de perder importantes cuotas de mercado en la Comunidad. "Los intereses económicos en juego son enormes", comentaba un funcionario bruselense.
