La CE abre un proceso a España por la 'rebelión de Canarias'

La Comisión Europea ha emprendido un proceso contra España por la negativa del Gobierno de Canarias a reducir el impuesto insular que grava las importaciones. El Ejecutivo autónomo no aplica la rebaja -que está prevista en el tratado de adhesión de España a la CE- porque reclama que el Estado le dé a cambio una indemnización. El arbitrio, destinado a los cabildos insulares (gobiernos de cada isla), alcanzó el pasado año más de 30.000 millones de pesetas (cerca de un 60% de las recaudaciones fiscales de estos organismos).

El acta de adhesión de España a la Comunidad recoge que este impuesto canario será desmantelado gradualmente hasta su total desaparición en enero de 1993 Pero el Gobierno autónomo del archipiélago, que recauda el importe del arbitrio, se ha negado a aplicar desde el 1 de enero el 15% de rebaja prevista para este año. El objetivo es obtener una compensación por ello y además presionar al Gobierno central -responsable ante la CE- para que negocie una mejora de las condiciones del archipiélago dentro de la Comunidad.El director general de la Unión Aduanera y Fiscalidad Indirecta de la CE, Rui Vilar, llamó en los primeros días de enero al representante español en Bruselas, Carlos Westendorp, y le emplazó a que el Gobierno tomara las medidas oportunas. El embajador pidió tiempo, sobre todo con la intención de no estropear la puesta en escena de la presidencia española de la CE.

Pasado el plazo de tregua, Rui Vilar volvió a ponerse en contacto anteayer con Westendorp y le comunicó que la Comisión Europea enviará en los próximos días la carta de emplazamiento al Gobierno.

El Gobierno, de no poner remedio a la situación, contará con un plazo para presentar sus alegaciones, transcurrido el cual la comisión emitirá un dictamen motivado. De no alcanzarse un acuerdo, la salida última será elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la CE.

En medios políticos de Canarias se indica que una salida para este conflicto es la modificación definitiva del régimen económico y fiscal de Canarias, vigente desde 1972, para su adaptación a las normas comunitarias y con la inclusión de un tributo alternativo a este arbitrio insular.

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