Suprimidas las referencias a España en el informe europeo sobre estafas inmobilianas

FÉLIX MONTEIRA ENVIADO ESPECIALLa Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá el próximo 2 de febrero en Madrid el informe sobre estafas inmobiliarias cometidas contra extranjeros que compran propiedades en la costa mediterránea. El eurodiputado británico Edward McMillan-Scott, autor del proyecto de resolución, se ha visto obligado a rehacer su propuesta y suprimir toda referencia a España. Las denuncias indican que en nuestro país se produce el 90% de los abusos a la vez que la gran mayoría de las compraventas.

La reunión en Madrid de la Comisión del Parlamento Europeo obedece a la costumbre de celebrar una sesión anual fuera de Bruselas. Los debates, que se desarrollarán en la sede del Senado, se centrarán en la discusión del informe sobre estafas inmobiliarias cometidas contra extranjeros.El proyecto elaborado por el eurodiputado Edward McMillan-Scott ha desatado la polémica desde su presentación, a finales de octubre pasado. El informe inicial señalaba nuestro país como el principal foco de estos abusos.

El europarlamentario conservador británico denunció, en declaraciones a EL PAIS, la existencia de una "cultura de la corrupción en España", concretada en la codicia de los promotores, la evasión fiscal, la inutilidad de la actuación de los notarios y del Registro de la Propiedad, la lentitud e ineficacia de la justicia, la indefensión de los compradores, la incompetencia de los alcaldes y la pasividad del Gobierno.

El presidente del Parlamento Europeo, lord Plumb, comunicó por carta al ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, la celebración de esta reunión.

En el escrito le solicita "que invite al ministro de Obras Públicas y Urbanismo para que participe en dicha discusión dado el interés que el señor don Javier Sáenz de Cosculluela ha manifestado por el citado informe". También se pide que estén presentes "los representantes de algunas comunidades autónomas más involucradas en los problemas de compraventa de propiedad por los extranjeros". McMillan-Scott, por su parte, ha invitado a los diputados españoles Rafael Martínez Campillo y Jorge Mataix Hidalgo, miembros de la comisión de investigación que ha decidido crear el Congreso sobre este tipo de irregularidades.

Presiones

La contestación al contenido del informe se produjo en el seno de la Comisión de Peticiones a finales de noviembre. Los eurodiputados españoles -apoyados por los italianos, portugueses, griegos y franceses, que también se sentían aludidos- obligaron a que las referencias concretas fueran suprimidas.

"El texto inicial era una relación de casos, contados a su manera, y muchas veces eran sociedades extranjeras las que cometían las estafas", afirma el eurodiputado español Manuel García Amigo.

En el nuevo informe continúa figurando que más de un millón de extranjeros han comprado una propiedad en la costa española y que "para una minoría sustancial su sueño de una casa bajo el sol se ha convertide en una pesadilla de la que no pueden escapar". También se mantiene buena parte de la relación de quejas, incluidas las del informe que el Defensor del Pueblo realizó en su día.

Sin embargo, en la nueva redacción, en lugar de "deplorar", se "lainienta" esta situación, y las referencias a los países del sur de Europa han sido sustituidas por la más general de los Estados miembros de la CE.

Para McMillan-Scott, los objetivos siguen siendo los mismos: propuesta de legislación europea sobre contratos abusivos e hipotecas transfronterizas, además de reclamar la urgenciade la normativa de la CE sobre la calidad de la construcción.