El primer fiscal antidroga se opuso en 1984 a los reconocimientos vaginales y anales
José Jiménez Villarejo, que fue el primer fiscal especial contra el tráfico ilegal de drogas, se pronunció en 1984 contra los reconocimientos anales y vaginales para la represión del narcotráfico, en respuesta a sendas consultas del director general de Aduanas y del coronel jefe del Servicio de Vigilancia Fiscal de la Guardia Civil. En relación con las órdenes dadas a los fiscales por el actual fiscal general del Estado, Javier Moscoso, para que promuevan tales reconocimientos, fuentes jurídicas consultadas por este periódico estimaron que Moscoso debió consultar con la Junta de Fiscales de Sala, por tratarse de un asunto al menos polémico.
El carácter Polémico de los reconocimientos proviene de un antecedente ocurrido durante la etapa de Luis Antonio Burón Barba al frente de la fiscalía general del Estado, según las mencionadas fuentes. En respuesta, a las consultas que se le formularon en 1984, José Jiménez Villarejo, entonces fiscal especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas, respondió a los altos cargos que le consultaron que consideraba tales reconocimientos corporales "incompatibles con el derecho constitucional a la intimidad".José Jiménez Villarejo -actualmente magistrado y presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo- contestó entonces respecto a los análisás radiológicos que sólo deberían realizarse previa autorización judicial. En cambio, consideró que la imposición coactiva de los reconocimientos corporales manuales o físicos no es compatible con el respeto al derecho a la intimidad, garantizado en el artículo 18 de la Constitución. Según las mismas fuentes, la opinión del fiscal especial antidroga fue avalada "o al menos conocida", dijeron, por Burón.
En contraste con esta actitud, el actual fiscal especial para la prevención y represión del tráfico ¡legal de drogas, José Aparicio Calvo-Rubio, remitió en septiembre de 1988 un estudio sobre el problema planteado en la Audiencia Provincia¡ de Cádiz "en relación con las personas portadoras de drogas ocultas en cavidades naturales del cuerpo". El problema planteado consistía en que mientras los juzgados de Algeciras 3, Ceuta condenaban como autores de un delito de desobediencia a quienes se negaban a los reconocimientos vagínales o anales, la Audiencia Provincial de Cádiz, al conocer de la apelación contra tales sentencias, absolvía a los condenados, en aplicación de la Constitución.
Como publicó este periódico (veáse EL PAIS del 28 de diciembre de 1988), la conclusión a la que llegó el fiscal especial, asumida por Moscoso, fue la de que "la resolución judicial que ordena un reconocimiento vaginal o anal para prevenir un delito grave y proteger la salud pública es constitucionalmente inobjetable". Asimismo, José Aparicio Calvo-Rubio propuso que la fiscalía especial impartiera "instrucciones concretas a la policía judicial sobre criterios de actuación a seguir en supuestos como el planteado".
Consulta "doctrinal y técnica"
Moscoso hizo suyo el estudio del fiscal especial y lo elevó a la categoría de instrucción, por estimar "absolutamente convincentes" sus conclusiones. De este modo, y aún tratándose de un asunto sobre el que se habían manifestado posiciones encontradas en la cúpula de la fiscalía, Moscoso asumió el criterio del fiscal especial sin previa consulta a la Junta de Fiscales de Sala. El artículo 14 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal establece que la Junta de Fiscales de Sala "asiste al fiscal general del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal...".Las dudas manifestadas por Antoni Gisbert sobre la legalidad de la orden de Moscoso han suscitado que finalmente la cuestión sea debatida la semana próxima -probablemente el miércoles, 25 de enero- por la Junta de Fiscales de Sala. Previamente, a petición de otros 20 fiscales de Barcelona, la Junta de Fiscales de Barcelona debatirá hoy sobre los "problemas prácticos" de la aplicación de la instrucción de Moscoso. La reunión de hoy será presidida por el fiscal jefe de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo, hermano del que fue primer fiscal especial antidroga. Ambos hermanos son de trayectoria progresista, a diferencia de Aparicio Calvo-Rubio, de tendencia conservadora y gobernador civil durante la etapa franquista.
Fuentes próximas a Moscoso consideran que lo único que pretende la instrucción es perseguir como delito de desobediencia la negativa injustificada a someterse a los reconocimientos y estiman que la mayór parte de quienes le critican no ha leído la instrucción, ni siquiera la información publicada por este periódico. En cambio, quienes discuten la orden del fiscal general del Estado recuerdan que la doctrina de fondo que se mantiene en la misma es que, en la lucha contra la droga, los reconocimientos vaginales o anales, "no vulneran el derecho a la intimidad personal garantizado por el artículo 18.1 de la Constitución".
