El secreto de la seguridad

El hecho de que el ministro del Interior se amparase en la ley de secretos oficiales para no facilitar la investigación hace pensar al juez Baltasar Garzón que "quizás lo que ocurre es que se confunde al Estado y su segur¡dad, con la seguridad de algunas personas y sus eventuales responsabilidades penales".El juez considera ilegal la orden dada por José Barrionuevo de no informar sobre los fondos reservados, y estima que si la autoridad administrativa se convierte en interprete de las normas, sustituyendo en esta misión a la autoridad judicial, cualquier investigación criminal podrá ser abortada por aquélla aduciendo una pretendida e inexistente afectación a la segurida d del Estado.

El escrito establece cinco razones por las cuales la investigación no debe verse frustrada porque afecte a la seguridad interior del Estado y se refiera a una materia clasificada. Ello supondría un análisis simplista de la norma.

La interpretación de las leyes corresponde al órgano judicial que debe aplicarlas, continúa el juez. Los datos se inquieren en una investigación por hechos muy graves, y hay razones suficientes para solicitarlos. Una interpretación restrictiva de la obligación de colaborar con la justicia cuando los datos afectan a la seguridad del Estado, dejaría impunes delitos que se hubieran cometido o financiado con dinero público. Los datos pedidos no se ven afectados por la ley de Secretos, pues no existe daño o riesgo a la seguridad del Estado.

Origen

El magistrado Garzón precisa también en el escrito que fue la declaración del director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, la que "abrió la puerta" para la investigación de los gastos reservados del Ministerio, al informar de que el viaje del subcomisario José Amedo a Portugal había sido financiado con tondos públicos. El viaje, recuerda el juez, estuvo destinado a contratar mercenarios que fueron trasladados a Francia, donde realizaron atentados por orden de Amedo.

El escrito agrega que a partir de ese momento, si los mecanismos administrativos hubieran funcionado, no habría hecho falta que el instructor pidiera los datos, sino que se le debieran haber facilitado, y así se habría evitado la polémica y asperezas entre los dos poderes estatales.

Fernando Salas, abogado de la acción popular, mostró ayer su satisfacción por la propuesta del juez, aunque mostró su discrepancia con el análisis del magistrado de descartar al aparato del Estado como origen de la financiación de los GAL. "Disentimos", dijo Salas, "porque no se ha avanzado nada desde julio pasado, y cualquier hipótesis es válida, puesto que se sabe que la financiación fueron fondos reservados. Tienen que declarar los superiores jerárquicos y hay que aclarar la contradicción existente entre Rodríguez Colorado, que declaró en el sumario que no hay constancia documental de los fondos reservados, y Rafael Vera, que manifestó en la prensa que todo gasto está documentado. Alguien miente".