El juez Garzón insiste en que Interior denuncie al funcionario que desvió fondos para los GAL

Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, elevó ayer una propuesta a la Sección Tercera de la Audiencia Nacional en la que insiste en que se investiguen los fondos reservados de Interior y su relación con la financiación de los GAL. El juez descarta en su escrito que el Gobierno costease el grupo terrorista, pero a la vez considera demostrado que se emplearon para ello fondos públicos. Por tanto, pide a Interior que investigue qué funcionario desvió el dinero con fines ilícitos. Si el tribunal asume la propuesta del juez instructor puede plantearla directamente a Interior o, a través del Supremo, al Consejo de Ministros.

El juez estima que se trata de un "tema espinoso, delicado y complejo", que él siempre ha tratado con el máximo tacto; pero precisa que de no seguirse esta línea de investigación el sumario "quedaría incompleto y con una grave laguna que conllevaría la imposibilidad de desentrañar la génesis de la banda terrorista".El magistrado señala también la diferencia entre los GAL y otras organizaciones terroristas en las que las fuentes de financiación son conocidas (impuesto revolucionario, pago de rescates, robo...). De los GAL, señala, se desconoce cuál fue la forma utilizada para "articular, principalmente por motivaciones económicas, a una serie de grupos que, según se ha revelado, actuaban no en forma autónoma, sino respondiendo, separadamente y sin conexión entre ellos, a unas directrices comunes que no surgieron por generación espontánea, sino fruto del estudio y diseño de una organización ágil y operativa".

El juez excluye la posibilidad de una financiación privada y de la autofinanciación, porque no existe un solo indicio en ese sentido, y descarta "de plano" una financiación pública directa con conocimiento del Gobierno, por los mismos motivos. La hipótesis en la que trabaja es que personas interesadas en crear un grupo terrorista que coadyuvase de forma "torpe" a la "abnegada y permanente lucha" de las Fuerzas de Seguridad del Estado contra el terrorismo hubieran desviado intencionadamente parte de esos fondos.

Origen del dinero

La propuesta del juez Garzón se concreta en la investigación de la financiación del viaje de los dos policias procesados, José Amedo y Michel Domínguez, a Portugal en 1986, supuestamente destinado a reclutar mercenarios; el origen de los 15 millones que Amedo ingresó en la cuenta compartida con su padre; el origen de las 800.000 pesetas que Amedo entregó presuntamente al gal Patrick Pironeau; la procedencia del dinero entregado a los mercenarios portugueses, y el dinero que los dos policías procesados gastaron en el juego, que evidenciaba un ritmo de vida muy superior al sueldo de dos funcionarios.

Para complementar la investigación judicial, Interior tendría que informar sobre quién entregó los fondos a Amedo para viajar a Portugal, qué cantidad se le entregó, si tenía que presentar justificantes a efectos internos y si devolvió algo; si con cargo a los fondos reservados se libraron 15 millones a primeros de octubre de 1985, si la entrega fue a favor de Amedo, y si queda rastro documental de tal entrega. Garzón plantea iguales preguntas sobre la posible entrega de 800.000 pesetas en abril de 1985.

Respecto a Amedo, la propuesta pide que se concreten las cantidades que, con cargo a los gastos reservados, se le hayan entregado entre 1983 y 1987, diferenciando por anualidades y conceptos, y lo mismo para Domínguez, respecto a los años 1984a 1986.

El juez estima que no es presumible que a efectos internos en el Ministerio del Interior exista una discreción absoluta e indocumentada del uso de los fondos, por lo que, con carácter general, solicita que se informe de quién ejerce el control de los gastos que se van produciendo, si queda constancia de a quién se entregan, si la entrega se produce por un funcionario especial o por el superior inmediato, si se rinden cuentas, si hay control documental y si existe la posibilidad de una desviación de esos fondos. También pregunta si el jefe superior de Policía de cada región policial asume el cuidado del gasto con cargo a los fondos reservados.

El último extremo de la propuesta es que declaren en el caso todos los superiores jerárquicos inmediatos de los funcionarios procesados, así como cualquier otra persona que pueda aportar datos, para que se puedan establecer las responsabilidades correspondientes. El juez explica que el sumario sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) está casi concluido, pendiente de esta prueba, y propone que la investigación se realice de forma directa por el tribunal o el magistrado en que se delegue, y que en determinados puntos se garantice el secreto.