El señor de los monopolios

SÓLO UN masoquista incorregible o un servidor incondicional del partido en el Gobierno podían ser capaces de aceptar la sucesión de Pilar Miró como directora general de Radiotelevisión Española (RTVE) en las condiciones de precariedad en las que se produce el relevo (el mandato del nuevo responsable del medio concluye con la legislatura). Poco importa, en cualquier caso, determinar en qué categoría se encuadra Luis Solana, ya que en cualquiera de las dos situaciones nos encontramos ante un paradigina notable de cómo entiende el Ejecutivo las condiciones que deben poseer las personas llamadas a dirigir un medio de comunicación pública que debe garantizar "la objetividad, veracidad e imparcialidad de las info:rmaciones" y respetar "el pluralismo político, religioso y social", según se establece en el propio Estatuto de RTVE.Pilar Miró fue elegida, antes que por sus dotes de mando, inteligencia o capacidad de gestión, por su proximidad personal al presidente del Gobierno. La única explicación de que el responsable del actual caos telefónico haya sido puesto al frente del primer medio de comunicación pública es que el mismo criterio ha prevalecido sobre cualquier otro. Está claro que esta decisión ha debido causar una honda sorpresa en los millones de usuarios, actuales o en listas de espera, del monopolio telefónico, que vienen soportando el deterioro más grave jamás habido en este servicio público. Luis Solana ha pasado así de presidir un monopolio a dirigir otro.

No hay que descartar -y el beneficio de la duda opera a su favor- que el disciplinado sustituto de Pilar Miró en Radiotelevisión Española pueda hacerlo mejor que en la Compañía Telefónica Nacional de España en lo que se refiere a la prestación de un servicio televisivo realmente plural, objetivo e imparcial, como pretende el Estatuto de Radiotelevisión. Pero hay motivos más que suficientes para desconfiar de que ello sea posible en un poderoso medio de comunicación en el que impera sobre cualquier otra consideración, al margen de la voluntad de sus trabajadores, la regla de dar satisfacción a las apetencias y a las presiones del poder político. Con ser muy significativa la persona que esté al frente de Radiotelevisión Española, mucho más importante es la necesidad de reformar el estatuto, claramente favorecedor, en su actual redacción, del arbitrismo y de la utilización por el Gobiemo de turno de la única oferta televisiva pública que llega a todos los españoles.

En sus nueve años de vigencia, el Estatuto de RTVE ha dado suficientes muestras de su inadaptación al funcionamiento del medio. El consejo de administración, cuyos miembros deben ser elegidos por las Cortes "entre personas de relevantes méritos profesionales", según se establece en el estatuto, está conformado en la práctica en función directa del juego de las mayorías y minorías parlamentarias. Así, la obediencia política a la que son llamados sus integrantes convierte de hecho el consejo en una prolongación del juego parlamentario, que en muchas ocasiones poco tiene que ver con la gestión necesaria del medio. Pero es que además este consejo -que en teoría debe representar a la sociedad, titular real del medio- se encuentra notablemente disminuido al no tener la capacidad de elegir al director general del ente, al que nombra el Gobierno libremente tras un simple trámite de audiencia, y a veces sin que sea necesario ni esto.

Se establece de esta forma un sistema imposible en el que el director general, nombrado en virtud de exclusivos criterios políticos, dispone de amplísimos poderes y responde únicamente ante quien le nombra, es decir, el Gobierno, y el consejo de administración sólo nominalmente representa a la sociedad y apenas ejerce un control testimonial sobre la gestión del medio. Sólo un director general elegido por un consejo de administración establecido con los criterios fijados en el propio estatuto -y responsable, por tanto, únicamente ante él- podría emprender la cada vez más urgente reforma de un medio cuya supervivencia está garantizada en estos momentos exclusivamente por su condición de monopolio.