Legalización, una propuesta que choca frontalmente con la realidad

Últimamente algunos sectores han apostado, a través de los medios de comunicación, por la despenalización del tráfico de cualquier tipo de drogas. También se ha suscitado una polémica sobre las posibles ventajas que podría presentar una política tendente a la legalización de la oferta de determinadas drogas, basada en la argumentación de que ello permitiría la desarticulación del tráfico ilícito, así como controlar la calidad de la sustancia y su distribución. Los argumentos son muy conocidos y se repiten desde distintos frentes, centrándose en los aspectos delictivos, económicos y sociales que definen la situación actual.Como todos los problemas colectivos, con imbricación de cuestiones culturales, económicas y psicosociales, el de la drogadicción no puede encararse de forma unilateral. Es cierto que su solución no depende, en exclusiva, de los Estados y de sus aparatos represivos. Pero ello no autoriza, en buena lógica, a defender que, puesto que los Estados no pueden erradicar este problema, lo mejor es que se desentiendan de él. Ante esta polémica, parece pertinente exponer algunas cuestiones que creemos pueden facilitar el necesario debate y reflexión.

En primer lugar, legalizar el tráfico de ciertas drogas no implica necesariamente la eliminación del negocio económico ligado al actual mercado ilícito. Podría hablarse de una reducción de los beneficios, pero no de su extinción. Lo que existiría sería una readaptación de las redes clandestinas del tráfico a la nueva disciplina de mercado, cuya finalidad se orientaría hacia la consecución de una oferta competitiva que se lograria vendiendo la droga más barata, diversificando y ampliando la producción. No parece lógico deducir que se puede eliminar el tráfico ilícito por el mero control legal de la venta de drogas, como bien lo demuestra la existencia de organizaciones mercantiles clandestinas en actividades perfectamente lícitas y regladas (metales preciosos, juego, armas, obras de arte, etcétera).

En segundo lugar, la posible legalización y distribución libre de determinadas sustancias que generan una gran dependencia entraría en contradicción con principios inspiradores y artículos de todas las constituciones occidentales referida al derecho de la salud individual y pública.

En tercer lugar, en una hipótesis de legalización debería existir el establecimiento de determinados límites, entre otros, el límite de edad. Si así fuera, se generaría de forma inmediata un tráfico ilícito dirigido a los ciudadanos que no alcanzaran los límites prefijados. Estaríamos, en consecuencia, ante una nueva forma de tráfico ilícito.

En cuarto lugar, entraría en clara contradicción con la actual legislación internacional sobre seguridad, prescripción y uso de determinados medicamentos en general. Sería injustificable mantener la actual fiscalización de productos psicoactivos frente a una venta libre de estupefacientes.

En quinto lugar, parece claro que una medida de tales características no podría realizarse en un solo país, sino que debería tener un consenso y acuerdo internacionales, cosa difícilmente pensable ante las orientaciones que se están adoptando internacionalmente y el contenido del nuevo proyecto de convención que las Naciones Unidas han elaborado y que se espera sea aprobado en los próximos días.

En sexto lugar, facilitar el uso y consumo de drogas puede producir el incremento del número de personas dependientes del mismo, y si aceptamos que esas sustancias generan daño a la salud, la consecuencia de lo anterior sería un aumento de la población insana, y ello está en contradicción con el contenido fundamental del Estado social, que se halla integrado por la promoción y protección de la salud individual y colectiva. Difícilmente cabe hablar de tal promoción o protección cuando es precisamente lo contrario lo que se hace posible, al menos en materia de uso y consumo de sustancias que generan dependencia.

Colectivo marginal

Desde el punto de vista social, los drogodepen dientes son un colectivo marginal. Los alcohólicos, por el contrario, según las estadísticas menos radicales, superan los cuatro millones de crónicos. ¿Qué sucedería en un país donde hubieran varios millones de heroinómanos habituales?

Es oportuno destacar una vez más que nos encontramos ante sustancias que afectan gravemente a la salud, que generan un conjunto de efectos -tanto físicos como psicológicos- que tienden a una degradación de la persona corno ser libre y solidario, que a nivel colectivo provocan alrededor de aquéllos que están inmersos en este mundo situaciones de ansiedad, desorientación e incertidumbre, y que no parece comprensible que se defienda la libertad en función del uso de sustancias que, si algo provocan, es justamente la pérdida de lo que se quiere defender.

En resumen, cualquier tipo de no prohibición o legalización controlada no solucionaría los problemas ya existentes y, por el contrario, posiblemente crearía otros nuevos o desarrollaría alguno de los que hoy sólo están insinuados. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar han de calibrar muy bien los riesgos que toda decisión comporta y facilitar a mayores y menores el mejor mundo posible.