Privilegio de los fuertes

CON EL indulto concedido ayer por el Gobierno al ex general golpista Alfonso Armada las instituciones democráticas no sólo no se debilitan, sino que se refuerzan y prestigian, dando con un acto así un ejemplo de su legitimidad y de su superioridad moral sobre quienes intentaron destruirlas con las armas que les fueron confiadas precisamente para su defensa. No ha lugar, pues, para que los demócratas españoles, es decir, la inmensa mayoría, se sientan alarmados porque el Gobierno de la nación haya considerado llegado el momento de realizar tal gesto de benevolencia.Porque no debe quedar ninguna duda de que el indulto del ex general Armada es un acto de pura gracia, es decir, no obligado por exigencia alguna de justicia. Una decisión, además, que difícilmente podría calificarse de imprudente o irresponsable. Porque no sólo hay argumentos bastantes para estimar que se ha producido en un momento adecuado -suficiente alejamiento histórico de la intentona golpista del 23-F, asentamiento de las instituciones democráticas y de la autoridad del Rey y retroceso palpable del peligro involucionista en el seno del Ejército-, sino que responde a todas las condiciones legales previas para su concesión. El informe sobre la conducta observada por Armada durante estos siete años y medio ha sido favorable y la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que en estricta justicia denegó en agosto pasado su libertad condicional, se ha pronunciado posteriormente a favor del indulto sólo "por razones de equidad". En todo caso, es importante señalar que el dictamen de esta Sala -presidida por un magistrado de reconocida solvencia profesional y de indudable talante democrático- ha resaltado el hecho de que en sus varias solicitudes de indulto el ex general Armada siempre expresó "su respeto y acatamiento a la legalidad constitucional". Tal vez ninguna de estas razones, ni tampoco la avanzada edad o la enfermedad del indultado, serían suficientes, tomadas independientemente, para conceder el indulto. Pero contempladas conjuntamente justifican, desde una perspectiva humanitaria, la decisión que ha adoptado el Gobierno.

La sociedad español a tiene derecho a preguntarse cuál es el grado de firmeza que pueda tener el acatamiento del antiguo general golpista a la Constitución. En principio, y de acuerdo con el discreto comportamiento del encausado durante todo este tiempo, no hay razones de peso para dudar de que esa voluntad no sea sincera y, en todo caso, se trata de un compromiso públicamente adquirido no sólo ante las instituciones del Estado, incluido el Rey como jefe de las Fuerzas Armadas, sino ante todo el pueblo español. La naturaleza política del delito de rebelión militar -el más grave crimen, como ha dicho el Tribunal Supremo, que puede cometer un profesional de la milicia- hace ineludible, en el supuesto de concesión del indulto a quien ha sido declarado reo del mismo, un compromiso claro e inequívoco de adhesión a las normas constitucionales y de renuncia a la fuerza de las a7nas como garantía de no reincidencia. Esa condición queda cumplida en este caso.

En la reciente historia española, el indulto a los protagonistas de otras intentonas golpistas no hizo sino alimentar, las tendencias intervencionistas del Ejército, la última de las cuales sumió al país en una espantosa guerra civil. Sería descabellado, sin embargo, establecer cualquier paralelismo entre aquellos tiempos y los actuales. Ya se ha dicho en muchas ocasiones: la indulgencia es privilegio de los fuertes.