De poblado modelo a estercolero

Lo que un día fuera un poblado de casitas blancas considerado como una experiencia modelo para la integración social de los gitanos y alternativa al chabolismo es hoy un auténtico estercolero donde enormes ratas campan a sus anchas. Las casi 20 familias que aún viven en el poblado gitano de Quinta Julieta, de Zaragoza no tienen luz, no entra el camión de la basura y han recibido un ultimátum del ayuntamiento para que desalojen sus viviendas.

El plazo concluye el 31 de diciembre, según la corporación municipal, aunque los gitanos se resisten a dejar sus casas mientras no encuentren otra, y existe la posibilidad de que todos regresen otra vez a Quinta Julieta si obligan a esas 20 familias a irse a la fuerza.Tras el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento, los patriarcas de los clanes y la Asociación de Promoción Gitana, las casi 150 familias fueron abandonando Quinta Julieta. Después de seis años en que surgió la iniciativa por parte de diversas instituciones (Cáritas, el arzobispado, el ayuntamiento, el MOPU, la Diputación de Zaragoza y la asociación gitana) se comprobó que Quinta Julieta no era el mejor sistema para la integración gitana y erradicar el chabolismo. Se inició así el éxodo de estas familias que antes habían llegado al poblado desde los suburbios y zonas marginales de la ciudad.

Millón y medio por familia

El ayuntamiento concedía millón y medio de pesetas a cada familia para que comprara una nueva vivienda. Quinta Julieta será demolida y en su solar se levantarán bloques de viviendas y otros servicios. El convenio especificaba que las familias que abandonaran el poblado no podrían adquírir su nueva vivienda en el casco antiguo de la ciudad. Se quería evitar así nuevos guetos, y para ello se trató de evitar la concentración de familias gitanas en una misma calle o zona de la ciudad.Estos vetos, para algunos de "dudosa constitucionalidad", dificultaron las perspectivas de buscar nuevo alojamiento a algunas familias, por lo que aún permanecen en el poblado. La polémica se ha suscitado ahora sobre si en el acuerdo suscrito entre el ayuntamiento y la asociación gitana figuraba un plazo para el desalojo del poblado. El ayuntamiento entregó en mano un escrito el pasado día 6 a cada una de las familias que aún viven en Quinta Julíeta. Se les da de plazo para marcharse hasta fin de año, y quienes no lo hagan perderán los derechos derivados del acuerdo, entre ellos, percibir un millón y medio para nueva vivienda.

La asociación gitana asegura que en el acuerdo no figuraba una fecha límite. Juan Antonio Hernández Fortuna, presidente de dicha asociación y firmante del convenio, ha declarado que "la fecha tope no aparece por ninguna parte. El ultimátum nos parece una arbitrariedad y la asociación gitana no se va a cruzar de brazos". Se ha llegado a decir que los gitanos están dispuestos a volver otra vez a Quinta Julieta si el ayuntamiento cumple su amenaza. Hace apenas dos meses aún vivían en el poblado 40 familias, más de 200 personas, y, sin embargo, la basura se amontonaba como se amontona ahora en las calles y el alumbrado público está cortado.