Una auditoría descubre un grave descontrol del dinero público en el Ayuntamiento de Majadahonda
Una auditoría de la firma Ernst & Whinney sobre la gestión socialista en el Ayuntamiento de Majadahonda durante los años 1983, 1984, 1985 y 1986 ha revelado un grave descontrol del dinero público y una ausencia total de control sobre los archivos internos. El informe constata la desaparición durante tres años de los libros de intervención ole gastos y de rentas y exacciones de 1983 -su posterior devolución con enmiendas y tachaduras- y el extravío temporal del listado de plusvalías de 1984. Durante el período auditado, los presupuestos municipales sobrepasaron los 1.500 millones de pesetas.
Las irregularidades reflejadas por la auditoría, que será dada a conocer el próximo lunes, han sido el motivo esgrimido por el actual alcalde, Roberto Rodríguez Solano, del CDS, para romper el pacto de gobierno que mantenía con los socialistas desde las pasadas elecciones. Éstos, por su parte, aseguran que la auditoría está "mal realizada, es tendenciosa y presume culpabilidades no demostradas", al tiempo que muestran sus sospechas sobre si la auditoría no habrá sido un pretexto buscado a propósito por Rodríguez Solano para poner fin al "pacto de progreso" entre centristas y socialistas.El estudio llevado a cabo por la firma Ernst & Whinney llega a la conclusión de que en el Ayuntamiento de Majadahonda no ha existido, durante el período auditado, un seguimiento exacto de las entradas y salidas de dinero, por lo que resulta imposible asegurar que "todas las partidas de ingresos y gastos susceptibles de ser registradas y liquidadas lo hayan sido", dice textualmente la auditoría.
Los auditores agregan que esto ha sido posible porque, entre otras razones, el Ayuntamiento no cuenta con "un procedimiento que permita que toda la documentación que llega sea anotada en el único registro de entrada ( ... ) ni se puede asegurar tampoco que esta documentación se encuentre en los archivos municipales".
De hecho, parte de la documentación ha permanecido fuera de los archivos durante tres años. La auditoría destaca que desde 1985 a 1988 algunos tomos de la contabilidad correspondiente a 1983 -año de especial importancia para Majadahonda, pues coincidió con el boom urbanístico- no estuvieron en el Ayuntamiento. Fueron los propios auditores quienes advirtieron la ausencia de los libros. Avisaron al alcalde y se pusieron en contacto con los ediles socialistas que durante el período 1983-1987 gobernaron el municipio con mayoría absoluta. Los libros aparecieron dos días después.
Fernando Agullo, concejal socialista de Coordinación de Áreas, Obras y Urbanismo durante el período auditado; Fernando Cerezo, secretario de Política Institucional; Carmelo Angulo, secretario general de la Agrupación Socialista de Majadahonda, y Antonio Espino, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento y concejal de Sanidad hasta la ruptura del pacto, el pasado 18 de noviembre, coinciden en afirmar que durante todo el proceso en que se ha realizado la autoría el alcalde ha obrado "de mala fe".
En opinión de los gestores socialistas, no sólo se ha convertido en interlocutor único de los auditores -por lo que ha obstaculizado la información que los socialistas pudieran haberles facilitado-, sino que trata de transmitir a la opinión pública la idea de que la desaparición de los libros ha sido responsabilidad política de los gestores del PSOE.
Réplica socialistaLos cuatro representantes socialistas mencionados aseguran que es incierta y malintencionada la versión de los hechos ofrecida por el centrista Roberto Rodríguez Solano. "La responsabilidad de la custodia de los libros es de los funcionarios encargados precisamente de ese trabajo, no de los concejales ni del alcalde. Además", prosiguen, "los libros no desaparecieron, sino que permanecieron olvidados en otro lugar".
La versión de los portavoces socialistas es que los libros fueron sacados del Ayuntamiento de Majadabonda en 1983 por empleados de la empresa Ingenieros y Construcciones, SA (ICSA), contratada por ellos para poner en orden una contabilidad que se había disparado con el boom constructor de Majadahonda y el espectacular crecimiento del censo municipal. Quedaron olvidados en la empresa y ni los mismos empleados de ICSA recordaban que los tenían en sus dependencias. En cuanto fueron requeridos por los auditores, los devolvieron.
El Centro Democrático y Social y Alianza Popular reprochan a los socialistas no sólo la desaparición de los libros, sino su devolución con tachaduras y enmiendas. A ello responden que "es tarea del juez dictaminar quién ha efectuado esas tachaduras. La auditoría presupone culpables sin poder demostralo".
No sólo aparecen irregularidades graves en esos libros. Poco después, los auditores constataron que también habían desaparecido unos listados correspondientes a los ingresos por plusvalías del ejercicio de 1984. Estas hojas fueron encontradas posteriormente en el interior de los libros de cuentas correspondiente al ejercicio de 1985. También en este caso pudieron apreciar tachaduras y correcciones.
Para el alcalde y los concejales del Centro Democrático y Social, estos hechos constituyen "anomalías muy graves", lógicas dentro de una gestión tributaria "caótica", en la que la liquidación de plusvalías, "que tanta repercusión económica tiene para la Hacienda municipal, no se refleja en los libros de contabilidad del año 1983 e incluso han desaparecido esas hojas de los libros del ejercicio de 1984".
Cuando los auditores presentaron el primer borrador con las conclusiones, el pasado mes de agosto, el alcalde presentó denuncia ante el juzgado de San Lorenzo de El Escorial y el Tribunal de Cuentas por si "las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de delito". Los socialistas consideran "un disparate" esta iniciativa del alcalde.
Gastos sin justificar y deudores anónimos
Los auditores han constatado múltiples anomalías, además de la desaparición de los libros de intervención, en el Ayuntamiento de Majadahonda. Los registros contables analizados carecían de foliación y autorización mediante el sello de la corporación y la rúbrica del interventor.Los redactores del informe afirman también que no está actualizada la relación nominal de acreedores y deudores del citado ayuntamiento, y que la lista de los mismos que se facilitó a los auditores no ha coincidido en ningún año con lo reflejado en la contabilidad municipal. Se desconoce asimismo con exactitud cuál es el saldo pendiente de cobro.
En otros aspectos analizados, la auditoría está redactada en términos muy ambiguos: en el capítulo de gastos figuran contabilizados unos pagos con la denominación "gastos a justificar". Se han realizado mediante pagos por caja, talones bancarios o, en el caso de los festejos, mediante la apertura en el banco de una cuenta para uso restringido de las personas encargadas de la organización, con un plazo para justificarlo de tres meses. Los auditores aseguran que quedan gastos pendientes de justificar de los años 1983 y 1984, pero no especifica cantidades ni deudores.
Asimismo, destacan que existen facturas pagadas en las que no existe constancia del recibí por parte del jefe de servicios correspondiente y que, entre los mandamientos de pago a justificar seleccionados para comprobación, descubrieron cuentas de 1985 "sin evidente justificación posterior". Entre ellas, los auditores destacan "una liquidación efectuada a dos personas por 5.250.933 pesetas".
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.