Las cuentas claras
EL BANCO de España aprobó el pasado lunes una importante circular sobre tipos de interés, comisiones y normas de actuación de las entidades de depósito, con la que se pretende poner fin a una serie de prácticas abusivas de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. La circular obliga a que las entidades financieras apliquen criterios de mayor transparencia en el cobro de sus operaciones y que agilicen el abono de las operaciones. O, lo que es lo mismo, que expliquencon claridad a los clientes cuánto les van a cobrar o a pagar por un préstamo o un depósito -el precio efectivo, no el nominal que utilizan ahora-, y que acaben con esos tiempos muertos en los que los fondos depositados en bancos y cajas mediante cheque o transferencia bancaria están ilocalizables para el cliente y reportando beneficios a la entidad depositaria.Tradicionalmente, el negocio bancario se ha realizado a espaldas de algunos de los derechos básicos del consumidor, amparado en una escasa o ambigua regulación que permitía a las entidades financieras actuar con cierta impunidad frente a unos clientes que, en su mayoría, todavía entran con respeto a las oficinas bancarias y que aceptan con resignación las fuertes tarifas y comisiones que les cobran,
La banca española es la más cara de Europa -también la más rentable, lógicamente- y una de las menos transparentes. Es frecuente encontrarse con personas que han pedido un crédito calculando los pagos periódicos sobre el tipo de interés nominal que dicen aplicarle las entidades financieras, y que descubren en el momento de la liquidación que han tenido que abonar tres o cuatro puntos porcentuales más por comisiones, corretajes, etcétera. Lo mismo sucede con el abono de transferencias o cheques, para los que se establecen unos plazos de compensación pensados para otros sistemas de comunicación y que no se justifican cuando la casi totalidad de las oficinas bancarias disponen de un sistema informático que hace prácticamente instantáneo el procesamiento de la operación.
La irritación de los ciudadanos españoles se ha hecho patente, desde hace algunos meses, en la oficina de reclamación creada por el Banco de España. A esta ventanilla han acudido clientes particulares y empresas -sobre todo pequeñas y medianas- para denunciar las prácticas abusivas. La respuesta de la autoridad monetaria no se ha hecho esperar. A partir del próximo día 1 de enero de 1989, bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito tendrán que actuar con otras reglas del juego. Deberán informar con claridad y a priori del coste o la rentabilidad efectiva de las operaciones. Olvidarse de la letra pequeña de las comisiones y corretajes e incluirlas en la documentación presentada a los clientes antes de cerrar el acuerdo. Además, deberán valorar, dentro de los plazos lógicos -sin demora de ningún tipo-, todos los ingresos y transferencias, haciendo pasar a la historia el dinero de cañería, esos tiempos muertos de miles de millones de pesetas que circulan de ordenador a ordenador por el sistema bancario.
Las entidades bancarias tienen derecho a cobrar un precio justo por los servicios que prestan. Las reglas del mercado así lo determinan. Pero esas mismas reglas establecen que las condiciones estén claras desde el principio para que los clientes puedan elegir el banco o caja con el que trabajar. Las nuevas formas de competencia que traerá la Europa de 1992 exigirá a las entidades financieras españolas actuar con mayor transparencia si no quieren perder la batalla. Porque al final, el cliente siempre tiene la razón. Hasta en banca.
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