Críticas de la oposición al Gobierno de Leguina por la indefensión de los usuarios de Gas Madrid

Todos los grupos políticos de oposición en la Asamblea de Madrid criticaron ayer duramente la situación de indefensión en que la Administración regional, por falta de una campaña de información sobre sus derechos y obligaciones, ha colocado a los vecinos de Madrid afectados por la sustitución de las redes de gas ciudad a gas natural, sin olvidar las coacciones de que han sido objeto. Sin embargo, sólo Izquierda Unida mantuvo claramente la tesis de que los gastos del cambio en las instalaciones corresponden a la empresa Gas Madrid. Mientras se celebraba el pleno en la Asamblea, varias decenas de personas se manifestaban ante sus puertas exigiendo que la Comunidad obligue a la empresa a cambiar su forma de actuar.

El consejero de Economía, Eugenio Royo, informó que había habido incumplimientos por parte de los usuarios a la hora de revisar sus instalaciones domésticas cada cuatro años, y luego añadió que también en el caso de la empresa Gas Madrid se habían detectado "posibles" incumplimientos de sus obligaciones a la hora de revisar su parte de la red, motivo por el que se la ha abierto un expediente que puede acabar en sanción. Esta diferencia de trato entre usuarios y empresa fue agriamente criticada por el portavoz de IU, Salvador Torrecilla.Royo afirmó que la Administración regional está negociando con Gas Madrid una serie de actuaciones tendentes a informar a los usuarios de sus derechos, incluyendo la creación de oficinas ambulantes en las zonas sujetas a reconversión de las instalaciones domésticas. La empresa pondrá a disposición de los usuarios la relación de las concesionarias instaladoras que aseguren la calidad del trabajo a menor precio.

Todos los portavoces de la oposición defendieron que el cambio en las instalaciones era consecuencia de una decisión adoptada por el Gobierno de la nación, pero sólo el portavoz de IU llegó a la conclusión de que correspondía a la empresa correr con los gastos de la reconversión. Torrecilla añadió que la empresa se niega a facilitar los datos de las averías producidas en las casas de los usuarios en los últimos años, para poder compararlas con el alto número de averías que se están descubriendo actualmente, al revisar las instalaciones, y acusó a Gas Madrid de practicar una política de coacción, basada en el corte del suministro de gas a los vecinos que se niegan a pagar las reparaciones.

Los restantes grupos políticos, el CDS y Alianza Popular, reprocharon a Eugenio Royo sus acusaciones de responsabilizar a los usuarios por no revisar sus redes domésticas y afirmaron que a la hora de pagar impuestos, la Administración sí se acuerda de recordarles su obligación.

Por su parte, Prisciliano Castro, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV), señaló que las autoridades tienen que tomar medidas inmediatas para acabar con los cortes de gas. En su opinión, no son ciertas todas las fugas que aparecen en las viviendas al realizarse la revisión de las instalaciones para sustituir él gas ciudad por gas natural. "Lo que pretende hacer Gas Madrid es cargar a los usuarios los costes de la reconversión", añadió, informa Jorge Antonio Rodríguez.

Varias decenas de vecinos se concentraron desde horas antes al inicio del debate frente a la sede de la Asamblea, en la calle de San Bernardo, para protestar por los cortes del suministro de gas que se están produciendo en Madrid desde hace meses.

Los manifestantes concentrados corearon gritos pidiendo que se suspendiera la revisión de las instalaciones que está llevando a cabo Gas Madrid y algunas empresas subcontratadas para la posterior introducción del gas natural. Los vecinos portaban una pancarta en la que solicitaban la intervención del Ayuntamiento y la Comunidad en el contencioso abierto entre la compañía suministradora y los usuarios.