La proyección internacional de Cataluña

La España de las autonomías diseñada en la Constitución -explica el articulista- abría un proceso irreversible de descentralización. Los contactos que mantiene la Generalitat con regiones y países europeos son, a su juicio, positivos para el Estado, ya que han obtenido buenos resultados económicos y científicos.

El Gobierno socialista ha anunciado, a través de su ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, que tiene en proyecto un decreto para regular las acciones de los presidentes de las comunidades autónomas en el extranjero. Lo hace, según dice Almunia y confirman otros de sus principales colaboradores, para evitar que se dupliquen esfuerzos y al mismo tiempo impedir que las autonomías puedan firmar unilateralmente documentos de colaboración.Según parece, la gota que ha colmado el vaso de la Administración central ha sido una declaración de intenciones, en forma de carta, que firmé como conseller de Agricultura de la Generalitat con el ministro de Agricultura de Israel a principios del mes de mayo del pasado año durante el viaje oficial que realizó el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, invitado por el presidente del Estado hebreo.

El documento en cuestión se refiere exclusivamente a temas agrícolas como las relaciones científicas que venían manteniendo dos organismos oficiales como son la ARO (Israelí) y el IRTA (catalán); el reciclaje de técnicos de extensión agraria; a la organización de dos seminarios sobre gestión del agua y planificación rural, y finalmente, a un estudio sobre el mercado europeo hortícola y cárnico.

Era y es, por tanto, una serie de colaboraciones, la mayoría a través de empresas de carácter técnico y científico semejantes a las que la Generalitat viene manteniendo desde hace tiempo con otros países como Japón, EE UU (California), Suiza y, sobre todo, Francia e Italia. La única diferencia que se podría encontrar en este caso es la existencia de una declaración de intenciones escrita.

Declaración de intenciones

Esta declaración de intenciones, sobre la que, por otra parte, la Administración central no ha dicho sorprendentemente nada en los 18 meses transcurridos desde que se firmó, pese a que los medios de comunicación españoles e íraelíes se hicieron profuso eco durante la visita de Jordi Pujol a Israel, ha contrariado ahora profundamente al!. Gobierno, según afirman portavoces tan significativos del Ministerio de Administraciones Públicas como el subsecretario Peña.

Peña declaró a este diario que "hay que tener más cuidado antes de comprometerse con Israel a la realización de un estudio de mercados europeos en el sector hortícola, sabiendo que este país es uno de los principales competidores de España en exportación de agrios".

Resulta sorprendente que un hecho público y notorio, acaecido en mayo de 1987, preocupe al Gobierno español en octubre de 1988. Esto es lo que se llama una reacción a tiempo. Aunque no sé si es más chocante que un alto cargo de Administraciones públicas intoxique a la opinión pública con un malintencionadamente calificativo de "reciente" compromiso con Israel para abrir el mercado de agrios europeo al Estado sionista. Todo esto, además, para después, en la castiza línea de mantenella y no enmendalla, confundir un estudio sobre alcachofas y cebollas con las exportaciones de naranjas. Error debido, seguramente, a que todas pertenecen a la categoría de cuerpos relativamente esféricos.

Bajo estos criterios de interpretación es lógico que un simple enunciado de intenciones (escrito en este caso) se transforme en un acuerdo de cooperación. Para el ministerio será lógico, pero es incierto además de injusto.

La Generalitat de Cataluña mantiene intercambios con otros países. Tanto es así que el mismo día que aparecía la noticia sobre el enfado del Gobierno por el tema de Israel, Pujol y el jefe del Gobierno de la región yugoslava de Eslovenia acordaban una mayor relación económica.

Resultados económicos

La España de las autonomías diseñada en la Constitución como modelo de configuración del Estado democrático abría un proceso irreversible de descentralización en el que las autonomías eran algo más que entes puramente administrativos. Estoy convencido de que los contactos que mantiene Cataluña con regiones europeas y con otros países son positivos para el Estado.

Además, no han creado ningún tipo de problema a la sociedad real y han contribuido a obtener buenos resultados económicos (inversiones japonesas en Cataluña) o científicos (acuerdos con la universidad de California). Por tanto, está claro que no interfieren en la política del Estado. Nunca lo han hecho. Tanto es así, que para argumentarlo se han tenido que falsear los hechos.

¿Porque, cuál sería la lógica que permitiera que los ayuntamientos o las diputaciones establezcan contactos, concreten colaboraciones internacionales de naturaleza económica, cultural o técnica y se limite a las autonomías dicha posibilidad? Como recordaba en su reciente visita a Cataluña el presidente del land de Baden-Wurtemberg, en Alemania las competencias en asuntos exteriores corresponden al Gobierno central, pero los landers pueden tener sus contactos.

La Administración central no tiene que preocuparse porque existan contactos en el ámbito regional, como los hay en el municipal, más bien tendría que alegrarse. De no ser así, habría que concluir que la continuada voluntad política de reducir el papel de las autonomías hasta el extremo de juzgar inconstitucional una reunión de presidentes autonómicos sobrepasa el límite de lo razonable y no conduce a ninguna parte. O a un solo sitio: a la reconsideración de si la actual gestión del Estado de las Autonomías sirve a los deseos de autogobierno que Cataluña siempre ha deseado tener.