'Morir' por la Ley 30

Una salva de aplausos acogió el anuncio de que el psiquiatra Carlos Castilla del Pino regresaría a la universidad para impartir un breve ciclo de tres clases. El profesor, que con 65 años abandonó la cátedra en, Córdoba, no pudo reprimir un sentimiento de satisfacción. Los alumnos no le habían olvidado. "La ley me obligó a dar la última clase el 115 de octubre de 1987 y el primer año he sufrido el síndrome de abstinencia", dice. Como él, otros muchos catedráticos han visto acortada su vida académica en cinco años (de los 70 a los 65) desde la entrada en vigor en 1984 de la ley Moscoso.

La lista es larga. Son cerca de 300 catedráticos y unos 230 profesores titulares de universidad los que han dicho adios a las aulas bastante antes de lo que esperaban, una buena parte de ellos en la Universidad Complutense de Madrid. De ella han salido por la vía de la ley Moscoso, Fernando Garrido Falla, José Luis Pinillos, Eduardo García de Enterría, José Luis Sampedro, Manuel Fraga y Manuel Alvar, entre otros.Desde que comenzó este exilio de nombres conocidos las críticas llovieron sobre el equipo del anterior responsable de Educación, José María Maravall, sin que el ministro, famoso por su firmeza, dudara ni un instante sobre la justeza del giro legislador. A las voces que se alzaban contra "la creciente descapitalización de la universidad española", respondía un silencio jalonados de actos de despedida.

Pero la llegada a Alcalá 34 de un veterano político como Javier Solana ha hecho concebir esperanzas a los defensores de los vicios criterios. A aquellos que piensan como el economista Fabián Estapé que "también en la universidad hay que volver al ancho de vía europeo". Y eso que este profesor, -al que en Barcelona han dedicado programas de radio y homenajes académicos a raiz de su retiro-, ha visto mitigada su separación de la cátedra en la Universidad de Barcelona por la designación de emérito Una figura con la que se preten día mantener al profesor jubilado vinculado a la universidad un par de años más, aunque el título se conserva para siempre.

Un insulto rimbombante

Pero está definición no es compartida por el grueso de los docentes. Para Enrique Fuentes Quintana, un economista que alcanzará la edad de jubilación el curso próxirno "es sólo una forma de insultar a los catedráticos con una palabra rimbombante. Al emérito no le queda ni un despacho, y eso sin contar las dificultades que entraña la designación en manos de compañeros del departamento y de los propios alumnos".A Francisco Rodríguez Adrados, por ejemplo, la obtención del emeritazgo le costó un año de tiras y aflojas con los compañeros de departamento que, según explica el catedrático de griego, "aprovecharon el momento para sacar a relucir viejas rencillas". Al final tuvo que intervenir el propio rector de la Complutense para que recibiera ese título que, al menos, supone una aportación económica al sueldo de retiro que se sitúa en torno a las 156.000 pesetas. Fernando Lázaro Carreter, jubilado este mismo curso con todos los honores, ni siquiera solicitó esta prebenda en vista de cómo estaban las cosas.

Lázaro Carreter se refirió públicamente al sistema de designación y a la propia figura del emérito como algo "humillante" y, profesores más jóvenes como el catedrático de Física de la Autónoma de Madrid, Fernando Florez, de 49 años, no dejan de reconocer que, efectivamente, "a veces se han esgrimido razones políticas para dar o no dar el título de emérito a un profesor sin fijarse en su calidad docente".

Pero en estas cuestiones Educación no tiene nada que decir, "es algo que está en manos de cada universidad", repiten los colaboradores del ministro, que lo han sido también de Maravall. Y lo que hará la Administración es "ampliar el porcentaje de eméritos, que es ahora del 270, en aquellas universidades que como Madrid y Barcelona, tienen una plantilla muy numerosa".

Otros funcionarios

Nada hace pensar, pues, que la ley Moscoso vaya a ser retocada. "Qué dirían los demás funcionarios. Los inspectores de Hacienda que se encuentren en buena forma a los 65 años, o los empleados de Correos", opina un alto cargo que apuesta decididamente por la juventud en la universidad. Claro que otros consideran como Fuentes Quintana que, "no es igual estar ocho horas pengándo sellos que subirse a un estrado. Esto es algo tan vocacional, que no puede compararse con otras tareas".Aunque muchas de las grandes figuras no han pisado tanto las aulas como hubieran querido sus alumnos, en función precisamente, de sus múltiples ocupaciones. "Eso depende de cada catedrático, pero para mí hay una enorme simbiosis entre el despacho y la universidad", opina Manuel Clavero, ex ministro de UCD y catedrático de Derecho Administrativo en Sevilla. A Clavero todavía le quedan tres años para despedirse de las clases y, su situación económica no es precisamente precaria, aunque se lamenta de que su sueldo lleve años congelado, "por no ser profesor a dedicación completa".

Él es de los que creen que la jubilación anticipada "es una verdadera sangría para la universidad, en la que faltan profesores. Nos echan cuando nos encontramos en nuestro mejor momento, porque ya no repetimos los libros y empezamos a decir cosas nuestras".

La lección magistral

También prefiere su madurez docente Castilla del Pino, que no es profesor emérito porque los estatutos de la universidad de Córdoba le exigían una antigüedad de 20 años en el centro. "Mis últimas clases eran mucho mejores, más clarificadoras que las primeras", dice, atribuyéndo sobre todo a la experiencia, "tan importante en Medicina", las razones de esa superioridad. Según este psiquiatra "al profesor de prestigio que llega a esa edad deviera reservarsele para la lección magistral. Algo muy denostado, pero que yo nunca he caído en el error de denostar, porque cumple un cometido esencial que es enseñar a los alumnos la lógica del discurso".Otros profesores jubilados por la ley Moscoso, como Carmen Albert Polo de la Universidad Politécnica de Valencia han sustituido las quejas por la acción judicial con notable éxito. La Audiencia de Valencia ha desestimado su pretensión de reintegrarse a su puesto al considerar que la nueva legislación supone la derogación de la anterior pero, obliga a la Administración a indemnizarla por la pérdida económica que sufrió a partir de su jubilación en 1986. "Me quedé con 70.000 pesetas al rnes", explica esta profesora, que ha conseguido el titulo de emérita. También en la Autónoma de Madrid ha podido acceder a esta categoria un amplio porcentaje de los recientes jubilados. Pese a ello, su rector, Cayetano López Martínez, de 42 años, reconoce que ha habido pequeños problemas con esta cuestión, "que se ha dramatizado en exceso, porque no todos los profesores que se han ido representaban una pérdida importante para la universidad". Pero de todos modos, añade "quizás hubiera sido preferible, dada la irritación que ha provocado, hacer optativo el retiro a partir de los 65 años".