España continuará siendo el segundo país comunitario con menor cobertura social

Los gastos destinados a protección social en los países de la Comunidad Europea (CE) aumentarán en los próximos años por debajo de las tasas de crecimiento de la economía, según un estudio publicado ayer por la Comisión Europea. Aunque España figura como el país que de aquí a 1990 experimentará la mayor tasa de aumento (3,6% frente a un 1% en el Reino Unido), no abandonará su situación actual de ser el segundo país con menos cobertura social y sanitaria. Portugal ocupa el último puesto.

La Comisión Europea dio a conocer ayer el informe demandado en su día por el Consejo de Ministros de la CE para conocer la situación de la Seguridad Social en los diferentes países comunitarios. Los resultados demuestran que los gastos de protección social dentro de la Comunidad Europea varían entre el 15,2% del producto interior bruto (PIB) destinado en Portugal y el 32,8% en Holanda.Estas enormes diferencias representan un grave obstáculo para establecer la política de dimensión social proyectada como complemento al Mercado único Europeo. Las perspectivas demuestran que, lejos de reducirse, estas diferencias irán en aumento. Así, Portugal habrá reducido su gasto social y sanitario a un 13,4% del producto interior bruto, mientras Holanda lo habrá limitado al 32,1% (véase el cuadro adjunto).

Mayor crecimiento

España figura en el penúltimo lugar en cuanto a cobertura social, con un 17,4% del producto interior bruto. Aunque estos gastos experimentarán la mayor tasa de crecimiento dentro de la Comunidad Europea en los próximos tres años, ello no le permitirá abandonar ese poco agraciado puesto ni reducir sustancialmente la desventaja frente a los países avanzados de Europa.

La conclusión del estudio es que, en todos los casos, los aumentos de gastos sociales y sanitarios aumentarán por debajo de las tasas de crecimiento de la economía.

En el caso español, los incrementos destinados a mejorar la cobertura social de los trabajadores serán, no obstante, los más altos (3,6%), muy por encima del 1 % del Reino Unido, país que, tras España, se beneficia del mayor índice de desarrollo económico.

La estructura de los gastos destinados a la Seguridad Social es otro impedimento más a la armonización en Europa. Mientras en Dinamarca las Administraciones públicas soportan el 90,4% de estos presupuestos y sólo el 8,1% es aportado por empresas y trabajadores, en Francia las empresas corren con el 40,9% del total y las empresas con el 29,8%. En Holanda son los particulares quienes contribuyen en mayor medida (36,9%), y el resto se reparte, a partes iguales, entre sector público y empresas.

En la mayor parte de los países comunitarios, los cambios introducidos con las políticas de rigor presupuestario irán en el sentido de un aumento de las cotizaciones de empresarios y trabajadores. La única excepción es España, donde las contribuciones crecientes del Estado compensarán el retroceso de las cuotas a cargo de los privados.

En nuestro país, la Administración financia el 39,7% del presupuesto de la Seguridad Social, cantidad equivalente a la de las cuotas empresariales, mientras que los trabajadores aportan el 20,6% restante. En 1990, la cuota del Estado habrá aumentado al 47,6% del total, la de las empresas se habrá recortado al 37,1% y los trabajadores pagarán el 15,3% restante.

Sin cambios importantes

El estudio de la Comisión Europea destaca que están en marcha en muchos países comunitarios "reestructuraciones sensibles en materia de sanidad, protección de la vejez, maternidad, familia y empleo". Sin embargo, no se espera "ningún cambio importante en la naturaleza y el tipo de gastos de protección social, considerados globalmente".

[Por otra parte, el subsecretario español de Asuntos Exteriores, Inocencio Arias, se entrevistó ayer con el ministro de Seguridad Social de la Unión Soviética, Iván Gladki, para tratar del convenio que ambos países tramitan sobre cuestiones de seguridad social, informaron a Efe fuentes diplomáticas españolas desde la capital soviética.

El importante número de españoles que viven en la Unión Soviética -aunque muchos de ellos, están regresando actualmente a España- ha llevado a las autoridades de los dos países a abordar la solución de cuestiones relativas a sus derechos pasivos.]