Escándalo en el Congreso ante el anuncio de que se repetiría la votación de la reforma procesal penal
Gritos de "tongo", "sinvergüenzas", "tramposos" y otros similares, dirigidos por los diputados de la oposición a los del PSOE y rubricados por un intenso pateo, subrayaron ayer el final del Pleno del Congreso de los Diputados, que debatió durante más de cuatro horas el proyecto de ley de reforma procesal penal, que finalmente resultó aprobado tras una posterior comprobación. El escándalo se originó porque, tras la votación nominal del conjunto de la ley, el socialista Leopoldo Torres, que presidía la sesión, anunció que se repetiría la votación en el próximo pleno ante la discrepancia en los recuentos. Dado su carácter de orgánica, la ley requiere la mayoría absoluta de la Cámara.
Esa mayoría absoluta exige un mínimo de 173 votos afirmativos, dado que de los 350 miembros de la Cámara hay que descontar los cinco de Herri Batasuna, que no tomaron posesión de su cargo por no jurar la Constitución. Torres, vicepresidente primero de la Cámara, presidía la sesión en ausencia de Félix Pons, de viaje oficial en Bolivia. Tras unos segundos en que la preocupación se reflejó en su rostro, lívido, no comunicó los diversos resultados de la votación, realizada por el sistema de llamamiento nominal a cada uno de los diputados y que, según se supo después, registró totales de 168 votos en un escrutinio, 172 en otro y 173 en un tercer recuento.Este hecho, unido a la decisión presidencial de aplazar la votación a un próximo Pleno de la Cámara sin acudir al sistema electrónico de grabación de la votación o a las actas taquigráficas, que recogieron los síes, noes y ausencias, produjo una gran crispación entre los grupos de la oposición, que se manifestó inmediatamente en los pasillos del Congreso.
El portavoz de Alianza Popular, Juan Ramón Calero, que trató de apaciguar a otros diputados de su grupo más crispados, estimó que la decisión presidencial constituye "un error que desprestigia a la Cámara".
Calero agregó que "anular una votación cuando resulta desfavorable para la mayoría es intolerable". El portavoz aliancista calificó de "desafuero la actitud de 'o ganamos o repetiremos la votación'" y la consideró impropia de una democracia.
En igual línea, el portavoz del Centro Democrático y Social, Agustín Rodríguez Sahagún, adjetivó de "grave y preocupante lo ocurrido", sobre todo, según manifestó, "por el daño que hace a las instituciones democráticas".
Rodríguez Sahagún recordó la tolerancia mantenida durante la votación, a pesar de la entrada de diputados al hemiciclo, y estimó que lo procedente era comprobar las actas.
Votación perdida
Por Izquierda Unida, Nicolás Sartorius manifestó: "El presidente ha actuado al margen de s as atribuciones, ya que ha omitido el deber de informar a la Cámara sobre el resultado obtenido, aunque existieran discrepancias en el escrutinio". Añadió que en ningún caso debe repetirse una votación comprobable por los servicios de la Cámara y afirmó: "Se ha dado la imagen de que se pretende repetir una votación porque se ha perdido". Por su parte, el portavoz del Partido Liberal, José Miguel Bravo de Laguna, estimó "un procedimiento irregular" el adoptado y opinó que cualquier solución era menos mala que la de levantar la sesión.
La convicción de que se había cometido un error se extendió por los pasillos del Congreso, incluso entre los diputados socialistas. Desde la oposición se propuso una reunión con carácter urgente de la Junta de Portavoces, que Leopoldo Torres aceptó inmediatamente, como medio para dar marcha atrás. En esta reunión, el proyecto quedó finalmente aprobado con 173 votos afirmativos.
Mientras que varios diputados estimaban que el proyecto de ley debería volver a la comisión que lo dictaminó, Calero consideró que tendria que ser devuelto al Gobierno.
La preocupación por las ausencias en el hemiciclo se puso de manifiesto en las votaciones parciales del proyecto gubernamental.
Ante las irregularidades detectadas en el marcador electrónico, Calero pidió que cadadipulado emitiera un solo voto y para la votación global pidió el sistema nominal y de llamamiento, que fue aceptado por el presidente del pleno, en medio de la contrariedad de algunos diputados socialistas.
El voto de Bandrés
Las ausencias en los escaños facilitaron que los socialistas aceptaran la sugerencia del diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés, quien condicionó su voto favorable al conjunto de la ley a la eliminación del precepto que permite a la policía judicial entregar el atestado al juez o al fiscal.
Juan María Bandrés defendió que sólo puedan elevarse las diligencias policiales al juez y señaló que los propios fiscales se oponen a la "doble ventanilla". El Grupo Socialista prometió solucionar este asunto en el Senado y Bandrés dio su sí al proyecto de ley.
Otras reformas realizadas por la mayoría socialista en el inicial proyecto de ley defendido por el ministro de Justicia, Enrique Múgica, hicieron posible el voto favorable de los diputados del Partido Nacionalista Vasco y de la Minoría Catalana.
Entre otras modificaciones, se suprimió la competencia del tribunal unipersonal para conocer determinados delitos y se eliminó la referencia a la flagrancia, como elemento para distinguir entre los delitos que serán juzgados por los nuevos jueces de lo penal o por las audiencias provinciales.
