El Tribunal Central obliga a entregar a Hacienda las listas de pólizas con seguros de prima única

El Tribunal Económico-administrativo Central acaba de dictar una resolución a favor del Ministerio de Hacienda, por el que obliga a las compañías aseguradoras a facilitar a la Administración, antes de 10 días, toda la información solicitada por la inspección tributaria sobre pólizas de seguros de prima única las compañías tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso contencioso-administritivo ante la Audiencia Nacional solicitando la suspensión de la citada resolución. Hacienda cifra en medio billón de pesetas el dinero que se evade por esta modalidad de inversión.

Después de varios meses de discusión entre Hacienda y las aseguradoras, los tribunales acaban de pronunciarse por primera vez sobre la obligatoriedad de informar al fisco sobre los suscriptores de pólizas de prima única. Este sistema de inversión había sido utilizado en su día por las compañías de seguros para ofrecer a los inversores una posibilidad de canalizar su dinero negro y recibió una respuesta contundente de la Administración -que cifraba en medio billón de pesetas el dinero evadido al fisco por este concepto-, solicitando, a través de la inspección de Hacienda, información puntual de esas pólizas a todas las compañías que las hubieran emitido. La respuesta de las aseguradoras fue la presentación de un recurso ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Central, que ahora ha fallado en su contra.

El sector recurrió

La resolución del citado tribunal, con fecha del 15 de noviembre, ante la reclamación presentada por la Unión y el Fénix y un buen grupo de aseguradoras -hasta un total de 39-, acuerda desestimar el recurso económico-administrativo, "confirmando el requerimiento impugnado de la Oficina Nacional de Inspección", según dice textualmente, así como "declarar que el cumplimiento de dicho requerimiento habrá de realizarse en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al que se reciba la notificación". La resolución fue remitida a los interesados el pasado sábado.Fuentes jurídicas consultadas por este periódico informaron que las compañías de seguros tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar el consiguíente recurso contenciosoadministrativo ante la Audiencia Nacional solicitando la suspensión de la resolución.

Portavoces del sector no quisieron comentar si recurrirán o, por el contrario, cumplirán el mandato judicial enviando la información solicitada por Hacienda.

El recurso presentado por las aseguradoras se basaba en el secreto profesional, citando diversas resoluciones del Tribunal Central y remitiéndose a la información que facilitan periódicamente al fisco. Sin embargo, la resolución niega la posibilidad de que esos datos atenten contra el honor o la intimidad personal y familiar de las personas, ni que las empresas puedan acogerse al secreto bancaria, aduciendo razones de colaboración con Hacienda, por tener "trascendencia tributaria" en diversos hechos imponibles.

En concreto, se refiere a los impuestos sobre el Patrimonio, Renta y Valor Añadido, sobre los que la inspección de Hacienda lia solicitado una información complementaria, cumpliendo los requisitos -a juicio del tribunal del Reglamento General de Inspección y de la propia Ley General Tributaria.

La reclamación de la Unión y el Fénix y otras 38 compañías hacía referencia también a una supuesta inconstitucionalidad de la información solicitada por Hacienda, a lo que el Tribunal Económico-Administrativo responde declarándose incompetente para pronunciarse sobre dicha cuestión.

Hacienda lleva meses persiguiendo el supuesto fraude fiscal que generan estas inversiones. El propio ministerio reconoció hace algunas semanas que la la bor de búsqueda de ese dinero negro no estaba siendo eficaz por la falta de colaboración de las aseguradoras a la hora de facilitar la información correspondiente, solicitada en junio. En estos momentos hay 300 cortribuyentes investigados poi no haber declarado esas pólizas.

EL PAÍS de la mañana

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