El País Vasco, una apuesta de futuro

Entre 1975 y 1985, el País Vasco, inmerso en una profunda crisis industrial, vivió una durísima etapa de su historia económica. Durante aquellos 10 años, el producto interior bruto (PIB) descendió un 0,25% acumulativo anual en términos reales, experimentando para el conjunto de la década una evolución negativa del 2,5%, y asimismo se estiman en 150.000 los puestos de trabajo destruidos, la mayor parte de ellos en la industria. En consecuencia, son dos los rasgos, estrechamente unidos, que caracterizan la evolución macroeconómica de aquella época: estancamiento de la producción, con fuertes caídas en el empleo.Sin embargo, puede afirmarse que el proceso de declive tocó fondo en 1985, ya que desde el año siguiente se registran crecimientos estimados del PIB que se van acelerando progresivamente: 1,5 % en 1986, 3 % en 1987 y unas perspectivas para 1988 que giran en tomo al 4%. Conviene añadir que este aumento de la producción va acompañado de creación neta de empleo, ciertamente modesta pero que contrasta con la intensa destrucción de 10 años antes.

Por lo anterior, es cierto que la inflexión de la crisis ya ha tenido lugar, y hoy, en el País Vasco, está abierto un debate sobre la naturaleza de la recuperación iniciada, es decir, sobre su carácter estructural o únicamente coyuntural. En cualquier caso, los esfuerzos de toda la comunidad deben orientarse hacia la consolidación de este despunte de recuperación que, no debemos olvidarlo, parte de niveles mínimos de producción y de empleo.

El proceso de recuperación es delicado; su continuidad precisa que los factores positivos que lo han iniciado permanezcan. No olvidemos que todo el proceso se ha dado en un contexto exterior favorable, ya que 1988 es el sexto año consecutivo de expansión de la economía mundial y el tercero de crecimiento importante de la economía española.

No obstante, los duros sacrificios de la época crítica no han sido estériles: se está produciendo un intenso proceso de reequipamiento productivo tras los fuertes niveles de descapitalización, reequipamiento que ha podido realizarse gracias a la recuperación de la capacidad de autofinanciación; nos encontramos, en definitiva, al final del proceso con una estructura industrial bastante saneada aunque con casos de reestructuración pendientes en algunos sectores.

Entramado industrial

En este sentido, el entramado industrial que ha sobrevivido se está adaptando con rapidez a los nuevos retos de la competencia y tiene un apreciable potencial de crecimiento. Esta estructura industrial se sitúa, cada vez más, en el lado de la pequeña y mediana empresa, que, paradójicamente, ha tenido menos posibilidades de acceso al importante caudal de recursos públicos destinados a la reconversión. Las pequeñas y medianas empresas del País Vasco han rebatido con su comportamiento aquella idea tan extendida según la cual las posibilidades de innovación estaban en las manos de las grandes empresas, y lo han hecho demostrando una fuerte capacidad de adaptación a las nuevas condiciones del mercado, introduciendo nuevas estrategias, tanto en los procesos de producción como en los de distribución, que sin duda han conducido a nuevas oportunidades de negocio.

Esta adaptación de la pequeña y mediana empresa a las nuevas exigencias del mercado no ha venido, sin embargo, acompañada de creación de nuevas actividades. Por ello, se insiste en la necesidad de potenciar la creación de pequeñas y medianas empresas en un contexto en el que, salvo excepciones, no puede preverse la implantación de grandes empresas. Todo ello con objeto de diversificar la producción y, por consiguiente, disminuir nuestro grado de vulnerabilidad a la evolución de la coyuntura económica. Ahora bien, la progresiva creación de nuevas unidades productivas dependerá no sólo de las oportunidades del mercado, sino también de la existencia de una red de servicios asociados a la empresa, a fin de posibilitar la formación y consolidación de un entramado industrial-terciario suficientemente integrado.

Consecuentemente con la situación descrita, el Gobierno vasco presentará en breve al Parlamento un plan económico a medio plazo -1.989-1992- que pretende dirigir los esfuerzos presupuestarios hacia el cumplimiento de dos objetivos: por un lado, la modernización y el relanzamiento económico, y, por otro, el desarrollo de la política de bienestar social.

En relación al primer objetivo, es evidente que el desenvolvimiento de la economía vasca necesita de importantes mejoras en las condiciones de entorno que favorezcan el relanzamiento de la actividad económica y, por tanto, permitan conseguir fuertes crecimientos económicos al objeto de generar nuevos puestos de trabajo. Cobran, por tanto, una creciente importancia estratégica todas aquellas líneas de actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad mediante la oportuna creación de infraestructuras de comunicación con la intención de integrar el País Vasco en el eje europeo París-Madrid-Lisboa, a través de la conexión fronteriza de Irún, así como impulsar el corredor del Cantábrico como un nuevo eje de desarrollo. La generación de infraestructuras tecnológicas y telemáticas, la intervención en los mercados del suelo, la reparación de las condiciones medio ambientales y los programas de dinamización económica son otras tantas medidas que deben adoptarse con el propósito de reducir las insuficiencias infraestructurales y, por tanto, disminuir los costes de producción.

El problema del paro

Desde esta perspectiva, todos somos conscientes de que el paro es, sin duda, el primer problema económico en la sociedad vasca, y, en consecuencia, la creación de empleo debe ser la principal preocupación de quien debe orientar la política económica del país. El saneamiento de las cuentas de resultados de las empresas, tras años de fuerte deterioro, ha dado paso a nuevas inversiones que a su vez crean nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, todo este proceso se ha generado endógenamente, puesto que las cifras de inversión externa son poco relevantes económicamente. No obstante, el País Vasco dispone aún de un gran potencial de desarrollo. Precisamente el primer objetivo del plan económico pretende atender al desarrollo de estas potencialidades: la situación geográfica privilegiada, la cultura empresarial, la cualificación laboral de los trabajadores, etcétera. Para llevar a buen fin tales proyectos necesitamos apoyos tanto de la Comunidad Económica Europea como de la Administración central, y tenemos, todos, la responsabilidad política de dar ejemplo de coordinación institucional.

Ahora bien, todos estos esfuerzos serán insuficientes y sólo conseguirán paliar coyunturalmente la situación si no conseguimos acabar con el terrorismo. Las acciones terroristas, con su proyección exterior en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales y la dinámica que generan a su alrededor, son el principal obstáculo para la consolidación de la recuperación económica. Estoy convencida de que cuando esta pesadilla se acabe se liberarán tal cantidad de energías acumuladas que seremos capaces de recuperar el liderazgo económico que históricamente nos correspondió.

Mientras, es necesario planificar a 1992 e incluso al año 2000. Emprender acciones a medio y largo plazo es síntoma de que algo se mueve y es apostar por el futuro con confianza. Y es mirando hacia ese futuro donde tenemos que introducir otro gran debate aún pendiente en nuestra sociedad: el de la distribución de la riqueza generada. Porque, junto a la modernización y al relanzamiento económico, el otro gran objetivo del plan a medio plazo es mejorar el bienestar social, alejarnos de la dualidad entre personas con empleo y paradas y, en definitiva, plantear un modelo de distribución basado en la solidaridad y en el que el sistema educativo, junto con el sanitario y la formación profesional, hagan cierto de una vez por todas el principio de la igualdad de oportunidades.