Colgar al pirata

El problema del narcotráfico se compara en la conferencia de Viena, que tiene que redactar el convenio internacional contra el tráfico de drogas, con el de la piratería y la esclavitud en el siglo pasado. La comunidad internacional, se dice, se encontró entonces con un fenómeno que amenazaba la estabilidad de toda la estructura política y económica del sistema. Los piratas, al igual que los grandes narcotraficantes, controlaban incluso naciones o trozos de ellas y tenían un poder omnímodo al margen de las leyes. La solución que se aplicó entonces, explican los expertos, es similar a la que ahora se propone, salvando las distancias. En aquella época se decidió que "el primero que cogiera a un pirata, lo juzgaba y lo colgaba".El nuevo convenio internacional contra el tráfico de drogas, que delegados de 75 países han empezado a discutir en Viena bajo los auspicios de las Naciones Unidas, va a encontrarse con un escollo: la delicada cuestión de la soberánía de los Estados. El intento de convertir el narcotráfico en un delito internacional choca frontalmente con los ordenamientos jurídicos de muchos países.

Las posturas respecto a la dejación de algunos puntos concernientes a la soberanía no son homogéneas. México, por ejemplo, justo en el momento en que se dispone a estrenar una nueva Administración, en un contexto que hace previsibles grandes cambios en su futuro, es uno de los países más reacios a permitir que se cercene jurídicamente su soberanía. Su argumento parece convincente: si el tráfico de drogas, sus conexiones y la corrupción que extiende por donde pasa es una amenaza para la soberanía, no vamos a ser nosotros quienes, para acabar con ello, debilitemos antes esta soberanía.En otros países, sin embargo, no sucede lo mismo. En Colombia, por ejemplo, es evidente que las autoridades concederían, si pudieran, la extradición de los más notorios traficantes.El poder de los cárteles de Medellín y Cali es de gran calibre como lo demuestra el hecho de que el representante colombiano en la conferencia, Enrique Parejo González, actual embajador en Praga, salvó la vida milagrosamente en un atentado en su anterior destino en Budapest, adonde había sido enviado por su Gobierno para evitar la venganza de los traficantes por su actuación como ministro de Justicia.

Respuesta compleja

¿Ha llegado el narcotráfico al mismo punto que alcanzó la piratería y el tráfico de esclavos?, se preguntan muchos de los delegados presentes en Viena. Es evidente que en muchos países carentes de tradiciones democráticas y de respeto a las libertades y a los derechos humanos la dejación de soberanía que esta pregunta implica no tiene sentido. Una solución radical siempre sería bien acogida por el poder, salvo que actuara como protector de traficantes.En Oecídente y en Latinoamérica la respuesta es mucho más compleja. Por ejemplo, muchas constituciones latinoamericanas prohiben la confiscación de bienes -uno de los principales aspectos que el tratado prevécontra los traficantes-, una regla democrática destinada a impedir los abusos de los políticos contra sus oponentes.

También la pretensión de impedir que el dinero del narcotráfico se reintegre, previo blanqueo, en las venas del sistema económico internacional pondrá sin duda a prueba a los delegados. ¿Hasta qué punto la banca y el sistema financiero están dispuestos a hacerse transparentes a los investigadores? ¿Hasta qué punto esta es un arma que puede ser utilizada políticamente?

La opinión general en Viena es que el símil de la piratería podría hacerse muy pronto realidad por la presión de la opinión pública, dispuesta a perder algunos derechos para acabar con una situación insostenible.

Los delegados tampoco las tienen todas consigo. "No estamos aquí discutiendo una legislación internacional sobre derechos de autor o cualquier otra cuestión de este tipo en la que nadie es un objetivo concreto", recuerda un delegado, "sino que estamos yendo contra una gente concreta que se juega mucho y que es capaz de cualquier cosa".