Despropósitos de una ley
Mucho se ha dicho ya sobre lo raquítica y enana que nació la ley de Despenalización del Aborto. En jornadas y congresos se han presentado los datos que confirman su endeble desarrollo. Ante la oleada de detenciones y enjuiciamientos que se produjeron durante su primer aflo de vigencia, al amparo de una interpretación conservadora que la misma ley posibilita, el propio Ministerio de Sanidad tuvo que salir al paso con un decreto que sólo ha servido para facilitar la extensión de una red de clínicas privadas. Poco se ha hecho para garantizar la asistencia en toda la red pública, acercando el servicio a las, usuartas. No conocemos ningún caso deponcertación entre el Insalud y alguna clínica privada para abaratar el coste de la intervención y, menos aún, para hacerlo gratuito, como ocurre con otras prestaciones sanitarias. Se realizaron promesas electorales (como volverá a ocurrir en el 1990) que siguen sin cumplirse, como la introducción del cuarto supuesto socioeconómico.Fuera de nuestras fronteras, recientemente, la presión conservadora ha intentado retirar del mercado la píldora abortiva RU-486, que se estaba comercializando en Francia y China, hecho lamentado por la misma OMS. Con lo que nos tememos que el plazo de tres años -que se habían dado las autoridades sanitarias para autorizarla en España se convierta en indefinido.
A pesar de nuestra expenencia vital y profesional, nos sigue asombrando el cúmulo de despropósitos cometidos contra el derecho individual de la mujer a decidir sobre sí misma. Esto a pesar de que nuestra norma constitucional habla de igualdad de sexos y de respeto a los derechos humanos.
A partir de ahora, en los próximos aflos vamos a ser espectadores impotentes de una cascada de procesos contra profesionales y mujeres acusados en su día de prácticas abortivas. El día 17 de noviembre tendrá lugar la vista contra el equipo de la clínica Los Naranjos, de Sevilla. Un proceso realmente curioso por ser el más antiguo (han tardado ocho años en completar el sumario), por no existir cuerpo del delito, ya que el juez decidió no procesar a ninguna mujer de las 400 fichas incautadas'"por falta de indicios racionales de criminalidad% y porque en la campaña de solidaridad que se originó a raíz de la detención se presentaron 1.500 firmas de autoinculpación de mujeres y hombres que hoy ocupan cargos importantes en la Administración.
En conclusión, el fiscal se empeña en la petición de condenas punitivas por una supuesta práctica delictiva que actualmente ha dejado de serlo y que se realiza por miles de casos legalmente al ampalo de una ley ambigua y defectuosa que permite las dos cosas: realizar abortos y procesar por abortar. Si lo dicho no es un ejemplo claro de hipocresía social y de esquizofrenia política, ya me contarán ustedes.
Ante esta situación, es obvio que la ley de Despenalización del Aborto debe ser aplicada con carácter retroactivo y urgente a todos los procesos pendientes y que es necesaria la inmediata puesta en vigor de una nueva ley del aborto que garantice los derechos de las mujeres a decidir sobre sí mismas y que los casos sean resueltos en la red pública sanitaria.- y tres firmas más. Madrid.
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