La oposición acusa al Gobierno de la reacción de los sindicatos

Los partidos políticos que componen la oposición parlamentaria coinciden en sus críticas al Gobierno ante las movilizaciones convocadas por las dos centrales sindicales, así como por su actitud de rechazo del diálogo y la negociación, tanto con los sindicatos como con los partidos políticos.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Juan Ramón Calero, manifestaba ayer a este periódico que una huelga general siempre es mala para el país y el funcionamiento del sistema económico. Se trata de una situación traumática no deseable, "pero hay que destacar que la culpa no la tienen los sindicatos, sino el empecinamiento del Gobierno. Hay cuestiones reivindicativas de los sindicatos que no se pueden conceder, pero otras, sin embargo, sí, como los 78.000 millones de pesetas solicitados por todos para compensar a funcionarios y pensionistas por su pérdida de poder adquisitivo y que el Gobierno no ha concedido por pura cabezonería. Que el representante de Alianza Popular tenga que decirle al Gobierno que le haga caso a Nicolás Redondo, es una situación esperpéntica".Por su parte, el dirigente de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, se muestra perplejo y preocupado de que el Gobierno socialista, "y hay que recordar las siglas que forman su anagrama", realice un tipo de política de tal naturaleza que "obliga a los obreros, a través de los sindicatos más importantes, a elegir el camino de la confrontación con decisiones de tal gravedad social como el paro general anunciado. Se trata de una advertencia severa al Gobierno y al Partido Socialista desde sus propias bases para que aplique políticas de empleo y rentas que favorezcan el reparto más equitativo de la famosa tarta antes de que la devoren los grandes beneficios empresariales".

El CDS entiende la postura de los sindicatos y los extremos a los que les está conduciendo "la insensibilidad del Gobierno socialista hacia la clase trabajadora, con una política económica socialmente regresiva".

El Ejecutivo socialista "es el único responsable de haber cerrado las puertas de la negociación no sólo a los sindicatos, sino también a los partidos que se han hecho eco de sus quejas en el reciente debate presupuestario".

Por su parte, el partido comunista considera que la convocatoria del paro general "constituye el final lógico de un período en el que el Gobierno ha hecho imposible la negociación de su política económica con los sindicatos. Es asimismo coherente con la evidente necesidad de un giro social en la política del Gobierno que permita responder a las reivindicaciones de los sindicatos".

Por otro lado, el Gobierno de la Generalitat (formado por Convergència Democràtica y Unió Democràtica) expresó, a través del conseller de Trabajo, Ignasi Ferreras, su rechazo a la huelga general por considerar que era una medida extrema y radical. Ferreras declaró que el paro general es un instrumento más político que sindical y que la medida "no es consecuencia del Plan de Empleo Juvenil, sino de la falta de concertación social".