Cuatro ministerios desarrollan un plan para impedir el consumo de drogas en público
Cuatro ministerios estudian una posible reforma del Código Penal tendente a penalizar el consumo de drogas en lugares públicos. Sanidad, Justicia, Interior y Asuntos Sociales son los departamentos implicados en este debate, cuyos principios teóricos todos comparten de partida aunque desde Justicia y desde el Ministerio de Relaciones con las Cortes se llama la atención sobre las dificultades que su puesta en práctica entrañaría en los ámbitos policiales y penitenciarios. El ministro de Sanidad, Julián García Vargas, es el principal impulsor del proyecto.
En la última reunión de la comisión interministerial sobre el Plan Nacional sobre la Droga, García Vargas expuso la contradicción que suponía que se haya penalizado el consumo de tabaco en lugares públicos mientras se mantiene una actitud de tolerancia hacia el uso de sustancias estupefacientes.García Vargas encuentra una doble justificación en la necesidad de una reforma tendente a penalizar el consumo de drogas en lugares públicos: en primer lugar, debe evitarse que sea normal y cotidiano ver consumir drogas en parques y locales cerrados públicos, como bares o pubs. En segundo término, en Sanidad se estima que desde el momento en que el drogadicto se causa a sí mismo un daño físico, es lógico que se intente prevenirlo. Entre otras cosas porque el deterioro que sufra deberá ser atendido por la sanidad pública.
En este departamento se destaca igualmente que estas medidas de actuación se están impulsando desde la mayoría de los países del entorno español, particularmente desde Italia, donde se pretende endurecer su legislación al respecto.
Otro factor que induce a esta toma de posiciones es el desbordante crecimiento del SIDA entre los heroinómanos. Fuentes gubernamentales informaron que en España, al igual que en todos los países occidentales, el debate teórico se sitúa entre dos posiciones: la legalización controlada, administrada por la red sanitaria pública o la penalización del consumo.
Los ministros del Interior, de Asuntos Sociales y de Relaciones con las Cortes reconocieron ayer a este periódico que aunque este asunto no ha sido aún tratado oficialmente en un Consejo de Ministros, sí es objeto de preocupación del Gabinete, que ha empezado a reflexionar sobre los pros y los contras de nuevas medidas.
Todos ellos coinciden con las tesis del titular de Sanidad, Julián García Vargas, aunque reconocen que los problemas pueden venir de los campos policial y penitenciario.
Uno de estos ministros señaló que las preguntas que se hace el Gobierno son si una vez efectuada la penalización del consumo público de drogas la medida sería eficaz y si este país está o no preparado policial y penitenciariamente para absorber las consecuencias de la medida. Entre estas consecuencias estaría la posible detención masiva de jóvenes y su traducción penitenciaria que aunque no significara estrictamente pena de prisión pero al menos sí se pretendería "causarles incomodidades".
Por su parte, un portavoz del Ministerio de Justicia aseguró anoche que en ese departamento no existe por ahora ningún texto y que la opinión de Enrique Múgica no se va a expresar por el momento, aunque se va a estudiar la posibilidad de una mayor penalización. Este portavoz recalcó que el titular del departamento es contrario a cualquier medida de despenalización.
