Un informe polémico

EL INFORME sobre la corrupción inmobiliaria en el Mediterráneo elaborado por el eurodiputado británico Edward McMillan-Scott a instancias del Parlamento Europeo ha provocado un pequeño terremoto en los sectores económicos interesados. No es para menos, a tenor del vergonzoso cuadro que en él se pinta. Todo el documento constituye un memorial de sucesos en. el que se multiplican compraventas sin escrituras; embargos sin previo aviso al propietario; venta del mismo apartamento, parcela o chalé a compradores distintos, y quiebras que dejan colgado al perjudicado. En resumen, un terreno abonado para especuladores. Sí a ello se añaden los negros trazos con que el informe describe la codicia de los promotores, la evasión fiscal, la inutilidad de notarios y registradores de la propiedad, la lentitud e ineficacia de la justicia, la indefensión de los compradores, la incompetencia de los alcaldes y la pasividad del Gobierno, la conclusión que se deduce del informe es que todo el sector inmobiliario español es un nido de pillos que, además, actúan en la más absoluta impunidad.Las reacciones no se han hecho esperar. Las más duras van desde calificar el informe de "pura demagogia" hasta vincular a su autor con determinados intereses turísticos; las más benevolentes admiten algunos de los hechos descritos -aunque, desde luego, no para implicar en las irregularidades a la totalidad del sector inincibiliario-, pero los ubican en el pasado, cuando no existían controles ni la construcción operaba con las garantías de ahora. Es seguro que el informe adolece de exageraciones y que la imagen que se ofrece mediante la yuxtaposición de casos concretos resulta a la postre sesgada. Pero, sin duda, la música que contiene es conocida para los oídos españoles. Desgraciadamente, los casos que denuncia el informe han sido moneda corriente en la historia del boom inmobiliario español de los años sesenta y setenta. Y para atestiguarlo, ahí están los centenares de estafas inmobiliarias masivas que jalonan esta etapa, de las que los casos de Nueva Esperanza y de Sofico son sólo las más llamativas.

Las investigaciones del eurodiputado se centran en la zona turística de la costa mediterránea europea, y se refieren exclusivamente a los extranjeros que han decidido comprar allí una vivienda en que fijar temporal o definitivamente su residencia. La constatación fundamental del informe es que el 90% de los casos reseñados ha sucedido en la costa mediterránea española, en la que más de un millón de extranjeros -de los que 200.000 son británicos- disponen de una propiedad inmobiliaria. En principio no hay por qué dudar de que las mismas prácticas de que han sido víctimas muchos compradores españoles se hayan extendido igualmente a los extranjeros.

No tiene, pues, sentido rechazar airadamente el informe como si lo que en él se describe no fuera verosímil y perteneciese a prácticas ajenas a nuestro país. Pero también es justo señalar que hoy día existen unos empresarios más ortodoxos y más honestos, una legislación más desarrollada y ha aumentado la vigilancia de los poderes públicos, especialmente desde que llegó la democracia a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Además, hay una parte alícuota de culpa que corresponde a los propios extranjeros en los desaguisados inmobiliarios que denuncia el informe de McMillan-Scott: las costas turísticas españolas se han visto invadidas de verdaderos piratas inmobiliarios, sin permisos legales, que realizan sus operaciones desde el exterior defraudando al fisco español, y que ejercen una competencia desleal a los agentes de la propiedad inmobiliaria españoles.

No está de más que la Comisión Europea se preocupe de la situación, pero tampoco lo estaría que promoviera una legislación básica que garantice unos derechos mínimos en este tipo de adquisiciones transfronterizas.