Las autonomías necesitarán permiso del Gobierno central para su acción exterior

El ministerio para las Administraciones Públicas dispone de un proyecto de decreto por el cual las comunidades autónomas tendrán reconocida capacidad de iniciativa en la acción exterior, pero necesitarán permiso del Gobierno, en unos casos, y consulta formal en otros, para iniciativas relacionadas con la actividad en el exterior.El Gobierno prepara un conjunto de medidas destinadas a enfriar" la alta temperatura alcanzada por el problema autonómico. En las últimas semanas, ese problema ha afectado a cuestiones que desde el Gobierno se considera básicas para la estructura del Estado, como la supresión de los gobiernos civiles, el intento de constituir una provincia única en Cataluña o la proliferación de iniciativas de las comunidades autónomas en el exterior.

Una de las medidas estudiadas por el Ejecutivo es el proyecto de decreto, por el cual se exige la autorización del Gobierno pura que las comunidades autónomas puedan establecer oficinas en el exterior.

Un alto cargo del Ministerio para las Administraciones Públicas lo ilustra con un ejemplo: "Resulta absurdo que se necesite la autorización del Consejo de Ministros para instalar a un agregado de Pesca en la embajada de España en Rabat, y sin embargo las autonomías abren oficinas en el exterior sin comunicárselo siquiera al Gobierno de la nación".

El Ejecutivo tiene igualmente el propósito de requerir una cooperación "más leal" de las autonomías en cuanto a viajes de sus presidentes y el envío de delegaciones al exterior, así como ofrecer la infraestructura de las embajadas para las gestiones que aquellas necesiten en otros países.

Un reciente compromiso de la Generalitat de Cataluña con el gobierno de Israel, para abrir mercados en Europa a los agrios de dicho país, ha sido la gota que colma el vaso", según el alto cargo de Administraciones Públicas antes mencionado. El Gobierno está dispuesto a un rearme en materia de relaciones exteriores, por entender que la Constitución atribuye esa competencia al Estado en exclusiva.