La recepción de los canales de televisión La Cinq y M6 en Francia peligra por la retirada de permiso para reemitir

Diez millones de telespectadores franceses pueden perder dos de las seis cadenas de televisión existentes tras la decisión del Consejo de Estado de declarar ¡legal la concesión de seis reemisores a los canales La Cinq y M6. Es improbable que las dos cadenas vean reducido tan drásticamente su nivel de cobertura, pero el fallo de los jueces permitirá al Gobierno intervenir en la reestructuración del mapa audiovisual francés.

La decisión constituye un episodio más de la guerra televisiva declarada en Francia a dos meses vista de que los socialistas pongan en marcha el nuevo organismo, el tercero en seis años, que regulará el paisaje audiovisual. Las cadenas privadas protagonizan una guerra convertida en noticia diaria a los ojos de unos telespectadores que asisten impasibles al ajuste de cuentas. Mientras, el Gobierno, que no oculta su disgusto por el actual reparto de la tarta televisiva, observa y espera, cuando no incita.El Consejo de Estado decidió el viernes declarar ilegales seis reemisores de La Cinq y la cadena M6, revocando así la autorización concedida por la Comisión Nacional de la Comunicación y de las Libertades (CNCL), el actual órgano regulador de la radiodifusión y la televisión. Los jueces del Consejo de Estado, siguiendo las recomendaciones del comisario gubernamental, consideran que La Cinq y la M6 tienen derecho a ampliar su red, pero anulan las concesiones por defecto de forma. La CNCL, según el Consejo de Estado, adjudicó algunas concesiones mediante un concurso restringido a cadenas "con vocación nacional" y otorgó otras sin concurso público. La decisión afecta de momento únicamente a tres regiones francesas, pero el número de espectadores perjudicados puede superar los 10 millones si, como es lógico, el fallo es el mismo en el más de un centenar de casos pendientes de resolución.

Recursos de TF-1

Este rosario de recursos contra la concesión de reemisores fue presentado por la primera cadena, TF-1, privatizada por el Gobierno de Jacques Chirac, para oponerse al rápido crecimiento de la red de los canales 5 y 6, cuya cobertura pasó en unos meses del 40% al 70% del territorio francés. La Cinq, propiedad del magnate francés de la Prensa Robert Hersant y del italiano Silvio Berlusconi, está en el punto de mira de esta guerra. Sabedores de que el Gobierno pretende reducir el número de cadenas nacionales de interés general, y de que La Cinq puede estar entre las reconvertidas, los directivos del quinto canal se han lanzado a afirmar su existencia mediante el aumento de la audiencia a toda costa. Los medios son, además de la tradicional inundación de películas y telefilmes, la emisión de unos informativos ágiles y audaces -que han doblado su audiencia en un año- y la difusión de filmes eróticos a las 20,30.La programación de los filmes eróticos ha desencadenado una gran polémica, en la que han intervenido desde el ministro de Cultura, Jack Lang, y la ministra delegada para la Comunicación, Catherine Tasca, hasta los competidores de TF-1. Al final, el Consejo de Estado decidió el jueves impedir la difusión a las 20.30 del filme erótico Joy et Joan, después de que la asamblea de jueces se reuniera para visionarlo. El Consejo obligó a La Cinq a emitir el filme a las 22.30, bajo amenaza de una multa de un millón de francos (20 millones de pesetas), debido al "carácter de numerosas escenas de perversión sexual". Un día antes, La Cinq había perdido otra batalla, al prohibir los jueces la difusión de una película que no cumplía los requisitos exigidos por la legislación sobre la emisión por televisión de obras cinematográficas.

Las tres decisiones judiciales, todas contrarias a los intereses de la cadena de Hersant y Berlusconi, se producen en el intervalo en el que el Consejo Superior del Audiovisual (CSA) debe sustituir al órgano creado por la derecha, la CNCL. Aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de octubre, el CSA estará compuesto por nueve miembros, designados por el presidente de la República, el de la Asamblea Nacional y el del Senado.