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El 90% de las estafas inmobiliarias a extranjeros en la zona mediterránea se comete en España

FÉLIX MONTEIRA, El Parlamento Europeo ha realizado una investigación sobre las estafas inmobiliarias cometidas contra extranjeros que compran propiedades en la costa mediterránea. El 90% de los casos afecta a España, según el informe elaborado por el eurodiputado, británico Edward McMillan-Scott. Este denuncia la "cultura de la corrupción" que existe en España, concretada en la codicia de los promotores, la evasión fiscal, la inutilidad de notarios y Registro de la Propiedad, la lentitud e ineficacia de la justicia, la indefensión de los compradores, la incompetencia de los alcaldes y la pasividad del Gobierno.

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El Informe será entregado en los próximos días a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde será discutido antes de elevarse al pleno. El debate final se producirá en enero o febrero.La iniciativa se dirige a exigir a la Comisión Europea que elabore de una directiva que garantice unos derechos mínimos en este tipo de adquisiciones transfronterizas.

El eurodiputado McMillan- Scott ha realizado un trabajo de tres años antes de dar por finalizadas sus investigaciones El turismo de masas ha generado la necesidad de una segunda vivienda, y los centroeuropeos dice, han elegido mayoritariamente España como el país barato y con buen clima donde adquirirla para pasar las vacaciones o fijar definitivamente su residencia.

Hoy, más de un millón de extranjeros -de ellos, 200.000 británicos- tienen una propiedad en la costa, y estas compras representan, según cifras oficiales, más del 12% de los ingresos por turismo. "Para una minoría significativa", señala el informe, "su sueño de una casa bajo el sol se ha convertido en una pesadilla de la que no pueden escapar". El principal foco de atracción es Alicante, la Costa Blanca, donde cada año se producen entre 25.000 y 30.000 adquisiciones de apartamentos, chalés o locales comerciales por parte de ciudadanos comunitarios no españoles. "El 10% se encuentra con grave problemas", asegura McMillan-Scott.

El informe es un memorial de injusticias en el que se suceden compraventas sin escritura, embargos que se producen sin avisar al propietario, venta del mismo bien a personas diferentes, y quiebras antes de satisfacer al perjudicado. "El Parlamento ha recibido varias quejas de las víctimas; y el informador, muchas más (unas 300), así como la dirección general de la CE responsable de la protección de los consumidores".

Un ciudadano belga apellidado Schoufs fue presa de un compatriota coleccionista de procesos por falsificación y quiebras, que anda suelto, cuando decidió comprar una casa en Almería. Los Byrne, un matrimonio británico, descubrieron, después de pagarlo, que no eran los dueños legales del apartamento comprado en Tenerife. El promotor Manuel Alenda Velasco estafó presuntamente a 70 compradores en una urbanización de Orcheta. Otros 41 extranjeros que invirtieron en Cala Blanca (Alicante) no podían creerlo cuando se les dijo que el verdadero dueño de los chalés era el Banco Hipotecario. La misma historia se repitió en Parque los Pinos, en Moraira. Un minero británico, retirado por silicosis, pagó cinco millones de pesetas por su casa y 10 millones más por rescatar la hipoteca de la constructora.

Tampoco falta quien se encuentra con su casa amenazada de demolición por estar en zona rural. La gama llega incluso hasta la corrupción pública "Un apartamento para españoles pobres en Jávea, construido por el Ministerio de Obras Públicas", cuenta McMillan-Scott, "se lo ofrecieron a un abogado británico amigo mío" Los damnificados han empezado a organizarse, y el Instituto de Propietarios Extranjeros con sede en Calpe (teléfono 965-83 18 97), cuenta ya con 18.000 asociados.

La picaresca comienza por una cadena de agentes que cobran comisiones elevadas. Continúa con el ofrecimiento de precios más bajos "para ahorrarse el IVA", lo cual da pie a una fabulosa evasión fiscal. Este proceso lleva a una buena parte -"el 14% no utiliza abogados"- a situaciones de indefensión. A ello se añade que quienes compran en España son clase media y retirados con escasos conocimientos jurídicos.

El eurodiputado británico critica la deshonestidad de abogados y otros profesionales de ciertas inmobiliarias, así como la inutilidad del notario y del Registro de la Propiedad, que dan fe sin garantías.

¿Y el Gobierno? "El Defensor del Pueblo envió a Felipe González un informe así de gordo hace un año, y aún no ha recibido contestación". "Al señor Sánchez Rey, de Obras Públicas, le envié 250 casos, y me contestó hace poco que sólo le preocupaban uno o dos, que el resto eran asuntos privados. He visto hasta casas en ruina, pero ¿qué puedo hacer si el Gobierno se tapa los ojos?".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de octubre de 1988

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