La oposición a MacMillan

El ejemplar del informe sobre estafas inmobiliarias cometidas en la zona del Mediterráneo que fue entregado a este periódico contiene corecciones y anotaciones a mano ("no es oficial, aún no está completo").La pasada semana, en Estrasburgo, sede de los debates del Parlamento Europeo, la irritación de los eurodiputados españoles de Alianza Popular era más que evidente. "Son acusaciones demasiado graves contra nuestro país, señalado como el malo de la película", dijo uno de estos parlamentarios.

Los 17 diputados europeos de Alianza Popular comparten el Grupo Demócratas Europeos con los 45 conservadores británicos y otros cuatro daneses.

El pasado 12 de octubre, en una reunión restringida, se trató el tema del informe. Allí se convenció a Edward McMillan de generalizar las referencias. Por eso ahora muchos lugares concretos figuran con el general de España o el más difuso de países mediterráneos.

La corrupción inmobiliaria apunta abrumadoramente a España ("el 90% de los casos, pero también de las compras"), seguida de Portugal y, ya en pequeña escala, de Italia y Grecia.

En el sur de Francia sólo compran los muy ricos, siempre bien asesorados.

Comprometido

Contra Edward McMillan-Scott, de 39 años de edad y padre de dos hijos, ha surgido una oposición que le señala como defensor del time sharing (compra reducida, que da derecho a disfrutar unos días al año el apartamento) y comprometido con el sector turístico.

"Nunca he ocultado que soy consultor de la British Hotels, Restaurants and Caterers Association, y sobre time sharing he dado conferencias en España, pero soy uno de sus grandes críticos, y por eso apoyo la iniciativa de mi colega Manuel García Amigo para legislar en este campo", responde el acusado.

El eurodiputado McMillan no es el único que está en esta guerra. Él empezó hace algún tiempo porque le escribió un afectado de su distrito de Yorkshire.

La eurodiputada liberal Jessica Larive sufrió en propia carne lo que es comprar una vivienda en la costa española. Dirigió por ello una pregunta al Parlamento Europeo y se ha convertido en portavoz de los 15.000 compatriotas holandeses que poseen una residencia en España.

Otros muchos parlamentarios de la Comunidad Europea les apoyan activamente. Les extraña tanto lo que ocurre que son de la opinión de que es sólo un problema con extranjeros.