El Gobierno en contra de cambios en la división provincial de España
El Gobierno no está de acuerdo con la constitución de Cataluña como una sola provincia, según fuentes de la Administración central. El Ministerio para las Administraciones Públicas "va a estudiar" ese proyecto, pero observa "excesivos inconvenientes" en una iniciativa que pretende cambiar la división provincial de España, lo cual afecta al sistema electoral, a la estructura de gobiernos civiles y a la Administración de justicia.
Los efectos inmediatos de la iniciativa de Jordi Pujol se refieren a la disolución de las actuales diputaciones provinciales. No afecta, en teoría, a la estructura de la Administración periférica del Estado. Podría darse el caso de que Cataluña fuera una sola provincia, a efectos de la Administración autonómica, y mantuviera su organización actual en cuatro demarcaciones -con los correspondientes gobernadores al frente- para la Administración estatal.No obstante, la Constitución establece una sola estructura provincial y un mecanismo para alterarla (ley orgánica). Por ello, la coexistencia de estructuras diferentes, válidas según la Administración que sea, parece un retorcimiento excesivo, según expertos consultados por este periódico.
La iniciativa de la Generalitat supone también una presión a favor de eliminar los gobiernos civiles, lo cual se suma a las recomendaciones aprobadas por los Parlamentos autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Euskadi, en ese mismo sentido. Todas esas intenciones chocan con la del equipo de Felipe González, que no tiene voluntad de plantearse un cambio en el sistema de gobiernos civiles, al menos durante esta legislatura.
La alteración de las provincias fuerza también una reforma electoral, puesto que la provincia es la circunscripción donde se elige a los diputados y senadores de las Cortes Generales, y en la cual se efectúa la elección de diputados al Parlament de Cataluña. La supresión de las cuatro provincias actuales y su transformación en una sola afecta a la distribución de escaños y puede incrementar el peso de las zonas de mayor implantación nacionalista respecto a Barcelona, que es el área donde tradicionalmente domina la izquierda.
La batalla parlamentaria puede ser larga, primero en Cataluña y luego en Madrid, sin que en el recorrido falten posibilidades de recurso al Tribunal Constitucional, ya insinuadas por el ministro Joaquín Almunia. El Gobierno central no se niega a considerar la postura del Consell Executiu de la Generalitat, pero va a dar pocas facilidades para que se convierta en ley.
