El fiscal dictamina hoy sobre la actuación del Gobierno andaluz en Costa Doñana

El fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla, Alfredo Flores, hará público hoy su dictamen sobre la denuncia de Izquierda Unida (IU) por falsedad en documento público presuntamente cometida por el consejero de Obras Públicas del Gobierno andaluz, Jaime Montaner, respecto a una manipulación del plan urbanístico de Doñana que habría favorecido a la sociedad Costa Doñana para la urbanización de la playa de Matalascañas (Huelva). El pleno municipal de Almonte que iba a cerrar la operación fue suspendido el martes entre graves incidentes.

Izquierda Unida denunció que el texto final del Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana incluía un párrafo que no figuraba durante la información pública, y que señala un cambio de uso de "urbanizable no programado a urbanizable programado", lo que, según los denunciantes, supuso "indefensión de los ayuntamientos de la comarca a la hora de plantear alegaciones".La denuncia de IU estima que el cambio de uso beneficia a la sociedad Costa Doñana, porque agiliza trámites y permite mayor edificabilidad que la prevista en el plan urbanístico de Almonte, municipio al que pertenece.

El acuerdo entre Costa Doñana y el municipio de Almonte para cerrar la operación se vio frustrado el martes por segunda vez, al suspenderse el pleno municipal que iba a aprobarlo, en presencia de numeroso público. Pese a que, el PSOE tiene mayoría absoluta en Almonte, el alcalde, Rafael Díaz López, suspendió la sesión entre agresiones físicas y enfrentamientos verbales. Díaz tuvo que salir custodiado del Ayuntamiento.

El portavoz de IU, Juan Castellano, dijo que dos ediles socialistas "eran parte interesada", ya que participaban en una de las empresas filiales de Costa Doñana. Uno de los aludidos, Luis Faraco, reconoció que su mujer participa con un 72% en Inversiones Matalascañas [ligada a Costa Doñana], pero precisó: "En ningún momento hemos intercedido en la venta de parcelas de Costa Doñana".

Salvador Echeverria, presidente de Costa Doñana, dijo que si se prolongaba mucho la situación, renunciaría al proyecto. Por su parte, Francisco Palomino, ,Cuñado del presidente del Gobierno, Felipe González, que ha vuelto a ser relacionado con la operación de Matalascañas, se puso ayer a disposición del Parlamento andaluz para que "resplandezca la verdad y se exijan responsabilidades a los causantes de esta campaña de difamación contra mi honor". El portavoz socialista, Enrique Linde, indicó que "el asunto está concluido parlamentariamente".