Los fiscales de Madrid rechazan la reforma procesal

La Junta de la Fiscalía de Madrid rechazó ayer por unanimidad el anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia sobre reforma procesal penal, que les otorga mayores poderes en la instrucción de los sumarios. Los 40 fiscales -sobre un total de 71- que asistieron a la reunión, presidida por Fernando Jiménez Lablanca, coincidieron en que el texto no responde al problema planteado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 12 de julio, mientras que entraña un peligroso experimento que colapsará todavía más la administración de justicia. Asimismo, opinan, pondrá en peligro la seguridad jurídica y el derecho de defensa exigidos por la Constitución.Según informó Antolín Herrero, los fiscales de Madrid estiman que la reforma procesal diseñada, con el pretexto de solucionar y sólo parcialmente la exigencia de que los jueces que instruyen no juzguen, "configura un nuevo proceso penal a título experimental que supondría, desde el punto de vista de la eficacia, colapsar todavía más la administración de justicia".

Asimismo, alertaron sobre la inseguridad jurídica que producirá al ciudadano la posibilidad de instrucciones paralelas por el fiscal y el juez que, en definitiva, dejarán en manos de la policía la opción por uno u otro en la persecución del delito, aparte de la falta de racionalidad de este procedimiento en lo que se refiere a la distribución del trabajo.

Según el mencionado portavoz, los fiscales criticaron que el anteproyecto de ley "no garantiza suficientemente el derecho de defensa". En concreto, recordaron que prevé que cuando el acusado reconozca los hechos o esté de acuerdo con lo actuado por el fiscal comparecerá ante el juez, que sentenciará sin necesidad de más pruebas. Asimismo, denunciaron que se admite la condena en rebeldía al permitir que un ciudadano sea juzgado sin ser oído si no acude a la citación judicial.

En todo caso, los fiscales estimaron que la reforma es inviable en la actualidad y a medio plazo, dada la falta de medios materiales y humanos de la fiscalía.

A título de ejemplo recordaron que mientras un juzgado cuenta con ocho auxiliares, cada cuatro fiscales comparten un auxiliar.

También fue criticado que la despenalización de los delitos de imprudencia con vehículos de motor llevará consigo trasladar el colapso actual de la justicia de distrito a los juzgados civiles, a los que las compañías de seguros reclamarán los daños.