Gil acudirá a Segovia para ser juzgado, tras recibir la visita de la policía
Jesús Gil y Gil, presidente del Atlético de Madrid, comparecerá hoy ante la Audiencia Provincial de Segovia para ser juzgado por dos delitos de desacato a la autoridad, tras recibir ayer la visita de la policía, por orden de la Audiencia segoviana, para comprobar si era cierto que se encontraba en reposo absoluto en una clínica de adelgazamiento de Marbella (Málaga), aquejado de una lumbociática. Gil había solicitado en la mañana de ayer la suspensión de la vista por este motivo.
Gil y Gil cambió de opinión a las pocas horas y para "evitar problemas", según declaró a EL PAÍS, decidió acudir a su cita con la justicia y se trasladó anoche a Madrid. A las once de la mañana de ayer, la defensa de Gil presentó en la secretaría de la audiencia la solicitud de la suspensión de la vista, acompañada de un informe médico que recomendaba al procesado reposo absoluto. Según el informe, suscrito por uno de los doctores de la clínica Buchinger, SA, donde Jesús Gil se encuentra haciendo una cura de adelgazamiento, éste sufre lumbociática, lo que le obliga a mantenerse en reposo total, bajo tratamiento médico y kinesiterapéutico.La Audiencia de Segovia ordenó telefónicamente a la policía marbellí que se trasladara a la clínica para comprobar si realmente Jesús Gil y Gil estaba ingresado en ella, incluso se había previsto que le visitara un médico forense para dictaminar si éste podía trasladarse a Segovia o debía de permanecer ingresado. Para Gil y Gil, todo ha sido un malentendido, ya que uno de sus abogados le había comunicado que no era necesario que estuviera presente en esta vista, por lo que había pedido su ingreso en la clínica de adelgazamiento.
Jesús Gil será juzgado hoy por dos delitos de desacato a la autoridad, en las personas de los delegados provinciales de Hacienda, Jenaro Albarrán, y de Industria, Luis Alberto López Muñoz. El fiscal pide para Gil dos penas de un año de prisión menor, dos multas de 100.000 pesetas con arresto sustitutorio en caso de impago y una indemnización de un millón de pesetas a cada uno de los delegados.
