El municipio congela el canon del agua a la espera de una sentencia del Supremo

El pleno del Ayuntamiento de Madrid rechazó ayer la propuesta de Alianza Popular de eliminar de los recibos el canon del agua, destinado a financiar el Plan de Saneamiento Integral de Madrid (PSIM). Previamente, el pleno había acordado anular la solicitud hecha en su día para que se incrementara en un 3% el recargo y congelar la cuantía del mismo hasta que el Tribunal Supremo ratifique o no su sentencia sobre este canon. Los grupos municipales aprobaron por unanimidad la concesión de 5.000 pesetas para libros a cada alumno de EGB que estudie en centros públicos o privados concertados y sea miembro de una familia con ingresos anuales inferiores a 1,5 millones de pesetas.Alianza Popular propuso ayer, por segunda vez en tres meses, la retirada del recargo del agua, a la vista de un informe del inteventor general, conocido ahora, en el que ya en 1986 daba como plazo el 31 de diciembre de ese año para adaptar el sistema de financiaciór. de PSIM a la legalidad. "El Tribunal Supremo ha dicho que el canon no se puede cobrar al no haber un soporte legal", dijo ayer José María Alvarez del Manzano, portavoz aliancista. "El interventor general dice que desde diciembre de 1986, el procedimiento se ha quedado sin fuerza legal. No podemos, por tanto, incurrir en ilegalidades".

La propuesta fue, sin embargo, rechazada por el resto de los grupos. Francisco Herrera, portavoz de Izquierda Unida (IU), explicó que la sentencia del Supremo por la que se declaró nulo el decreto de subida del canon había sido recurrido. "Mientras no haya un pronunciamiento sobre este recurso no se puede hacer más que congelar su cuantía. Una decisión política que se tomara antes de esta sentencia sería irresponsable", dijo este concejal. Minutos antes AP se había opuesto en solitario a la congelación del canon por entender que esa decisión suponía dar validez al recargo.

Subvención

El pleno acordó asimismo, a propuesta del CDS, entregar 5.000 pesetas en concepto de subven ción para libros de texto a los alumnos dé EGB matriculados en centros públicos y privados concertados de Madrid. Las limitaciones fijadas por la corporación son que los niños no tengan becas para la compra de libros y que los ingresos familiares no superen 1,5 millones de pesetas al año. La representante de AP, Esperanza Aguirre, manifestó el voto favorable de su grupo tras la reforma de la propuesta inicial, que pedía la entrega de subvenciones a todos los niños, sin tener en cuenta la situación económica de la familia. Aguirre expresó también su confianza en que estas ayudas municipales permitan ampliar sensiblemente el número de becas de comedor, las aportaciones a escuelas infantiles y a otros servicios sociales.

La corporación ratificó el texto del convenio que se firmará con la Comunidad de Madrid con el fin de construir entre este año y 1992 un total de 600 viviendas en altura, 960 unifamiliares y tres asentamientos provisionales dentro del plan de realojamiento de 2.000 familias, consideradas como población marginal.

El pleno aprobó la adjudicación del concurso para la recogida, transporte y depósito de vehículos abandonados en la vía pública; decidió la realización de una campaña contra el tabaquismo y el consumo de alcohol en el menor y acordó solicitar al Ministerio de Obras Públicas un informe sobre las obras de la avenida de la Ilustración.