La oposición acusa a Moscoso de obedecer al Gobierno

Los grupos políticos de la oposición, a excepción de AP y PL, pusieron ayer muy en duda la independencia del fiscal general del Estado, Javier Moscoso, respecto del Gobierno ante la instrucción dada al fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso Amedo, para que no se oponga a la solicitud de libertad provisional formulada por la defensa de los policías José Amedo y Michel Domínguez.De otro lado, Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, ha formulado una pregunta al Gobierno sobre "si se ha utilizado dinero de los fondos reservados para aconsejar a unos delincuentes -presos en Portugal acusados de pertenecer al GAL- que cambien sus primeras declaraciones, según las cuales Amedo y Domínguez fueron los impulsores del GAL. Para Bandrés, la decisión de Moscoso "es un fracaso de la justicia y un golpe bajo a la sociedad democrática y ya no se va a poder mantener la tesis de la independencia de la fiscalía".

"Irresponsable", según IU

El portavoz de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, calificó de "irresponsable" el comportamiento del fiscal al conceder tanto relieve a las cartas enviadas desde Portugal por los presuntos miembros del GAL exculpando a Amedo y Domínguez" antes incluso de conocer el resultado de la investigación que sobre ellos debe hacer la comisión rogatoria. Según Sartorius, "alguien está creando las condiciones que avalen el desenlace deseado por algunas personas para que Amedo sea puesto en libertad ( ... ) y huya fuera de España a un país sin tratado de extradición".

El parlamentario de Eusko Alkartasuna, Joseba Azkárraga, pidió "igualdad de trato para todos los presos", en el sentido de que todos aquellos que no están procesados y condenados también pueden pedir el apoyo de los fiscales para que "no se opongan" a su libertad condicional.

Javier Rupérez, en nombre de la Democracia Cristiana, tiene previsto interpelar al Gobierno "para que explique las instrucciones que ha dado al fiscal". Señaló que "si es que queda algo de dignidad en la función pública, Moscoso debiera dimitar inmediatamente".

Francisco Granados, vicepresidente del Congreso y miembro por el PSOE de la comisión de Justicia e Interior, dio una explicación jurídica al caso. "Nuestro sistema acusatorio exige que las peticiones relativas a la situación personal de un acusado se mantengan sobre bases probatorias. En el supuesto de que el soporte probatorio no permita aceptar ni siquiera indicios racionales de culpabilidad, el juez está obligado a decretar la libertad".

En esta línea se manifestó el portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Calero, quien afirmó que el fiscal "ha actuado correctamente". "Cuando haya sentencia entonces pediremos las responsabilidades políticas oportunas", dijo Calero. Igualmente, el presidente del Partido Liberal, José Antonio Segurado, afirmó: "Si se llega a demostrar que hay alguna relación entre los GAL y el aparato de seguridad del Estado, se exigirán las máximas responsabilidades políticas".