El Ejecutivo no apoyara la reforma del Estatuto de Castilla y León

El Gobierno nacional no apoyará la reforma del estatuto de autonomía de Castilla y León, primera de las presentadas en el Congreso de los Diputados, ya que es partidiario de aumentar los techos competenciales por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. Así lo aseguró ayer el ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, en la entrevista mantenida con el vicepresidente del Ejecutivo castellano-leonés, Juan José Lucas. Esta postura gubernamental afectará también a todas aquellas proposiciones de reforma de estatutos que puedan presentar en el futuro otras comunidades de las que accedieron a la autonomía a través del artículo 143, la llamada vía lenta.Juan José Lucas calificó esta decisión de equivocada e indicó, que según Joaquín Almunia, la reforma estaturia es un asunto que tiene que ser negociado con las fuerzas políticas nacionales porque en caso contrario podría llegarse a una reforma anárquica. El vicepresidente del Gobierno autónomo afirmó que Joaquín Almunia le había manifestado que si cada comunidad presentase una reforma diferente se podrían deteriorar los servicios públicos y se abrirían espitas insospechadas para los territorios históricos.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron al final del pasado período de sesiones una proposición de ley, presentada conjuntamente por AP, CDS y DC, en la que se pedía la llegada de nuevas competencias a través de la reforma de tres artículos del estatuto de autonomía. El PSOE votó en contra por entender que un asunto de esta transcendencia tenía que resolverse por un acuerdo nacional y a través de un pacto de estado.

En la entrevista mantenida ayer, en Madrid, por Juan José Lucas y Joaquín Almunia, el representante del Gobierno castellano-leonés quería conocer directamente la postura del Ejecutivo sobre este tema.

Se da la circunstancia de que las Cortes de Castilla y León, con la oposición del PSOE, han pedido también las competencias de educación, incluidas asimismo dentro del paquete de transferencias solicitadas mediante la reforma del estatuto de autonomía.