La fiscal del 'caso Rumasa" cifra en 652.000 millones de pesetas las indemnizaciones a reclamar a los procesados

Carmen Tagle, fiscal del caso Rumasa, solicita que José María Ruiz-Mateos, y los otros siete procesados en la causa, indemnicen conjuntamente al Estado con 652.000 millones de pesetas. Esta cifra, según el escrito de conclusiones provisionales, se corresponde con los gastos de financiación que el Patrimonio del Estado ha tenido que asumir para la cobertura de los déficits de las empresas de Rumasa, la aportación de las cantidades retenidas en el salario de los trabajadores por cuenta del IRTP que no habían sido abonadas y las cuotas de la Seguridad Social impagadas.

Estos impagos habían dejado sin cobertura a los trabajadores, y constituyen las partidas más importantes de la petición de la fiscal. Tagle solicita para José Díaz Hidalgo, el hombre de confianza de Ruiz-Mateos, penas que suman 23 años de prisión y multas que superan los 16.000 millones de pesetas, por delitos continuados de falsedad en documentos mercantiles y oficiales, en concurso con estafa, apropiación indebida y delitos monetarios.Esta pena podría solicitarse también para José María Ruiz-Mateos, para quien, por el momento, se piden 12 años de prisión y multa de medio millón de pesetas por falsedad. Si el financiero, que actualmente se encuentra en paradero desconocido, regresase a España 45 días después de que se decretó su búsqueda y captura no podría acogerse a los beneficio de su extradición, que impide que sea juzgado por todos los delitos de los que está acusado Díaz Hidalgo y por los que él también fue procesado. Si volviera antes de ese plazo ingresaría en prisión y sería juzgado sólo por las falsedades, mientras que si fuera detenido en el extranjero se volvería a solicitar su extradición por todos los delitos por los que fue procesado.

Para el cerebro de la división internacional bancaria de Rumasa, Carlos Quintas, considerado el artífice del holding fuera de España, la fiscal solicita cinco años de cárcel y 16.000 millones de pesetas de multa.

La fiscal acusa de falsedad continuada a los directivos Luis Romero Agarrado y Manuel Sánchez Marín, y por ello solicita cinco años de prisión para cada uno y multas de 150.000 pesetas. Los restantes procesados, Juan Ignacio de Burgos, Manuel Cambas y Jorge San Juan, están acusados de delitos monetarios continuados, por lo que Tagle pide multas de 5.000 millones para el primero y de 3.000 millones de pesetas para los dos últimos.

Los testigos

Entre los 89 testigos que la fiscal ha propuesto para el juicio figuran, además de los hermanos Ruiz-Mateos, tres ex ministros y tres gobernadores del Banco de España. Concretamente, Enrique Fuentes Quintana, Eduardo Carriles Galarraga y Juan LLadó, así como José Ramón Alvarez Rendueles, José María López de Letona y Mariano Rubio.Carmen Tagle señaló que es difícil saber cuándo puede celebrarse el juicio, aunque precisó que podría ser antes de un año.

La fiscal señaló que había solicitado para Ruiz-Mateos la pena que consideraba justa, y no el máximo que, a su entender, se podría haber pedido y que cifró en dos penas de 10 años. Así, salía al paso de las afirmaciones de los abogados del financiero jerezano, que aseguraban que la fiscal había pedido la máxima pena posible.

En el escrito de conclusiones provisionales, la fiscal ha incluido una parte introductoria en la que explica el proceso de creación de Rumasa a partir de una inversión inicial de 300.000 pesetas, el peculiar y heterodoxo funcionamiento de los órganos rectores y sociedades que componían el grupo, cuál ha sido el espíritu de la dirección, los controles del Banco de España y las auditorías que pusieron al descubierto la situación real de insolvencia encubierta provocada por las actividades ilegales de los procesados.