Y el desconcierto

La concertación, como toda negociación, se basa en una determinada relación de fuerzas y, en mi opinión, la causa básica que ha venido impidiendo en los últimos años alguna forma de concertación es que la relación de fuerzas se ha modificado radicalmente en contra de los sindicatos desde el momento en que el Gobierno socialista realiza una política socio-económico-laboral coincidente en sus líneas medulares con los empresarios y divergente de la que defienden las organizaciones obreras.Ampliando algo más esta hipótesis, cuatro son las causas que señalaría para explicar la inexistencia de concertación -entendida- ésta como la consecución de acuerdos bipartitos o tripartitos y de un cierto clima de consenso social- en los últimos años. La primera es que, bajo el concepto de concertación, en realidad lo que se ha buscado es la legitimación; la segunda es que las posiciones que se defienden son claramente opuestas y hasta antagónicas; en tercer lugar, el abúso de lo que podríamos denominar prácticas tacticistas, y, finalmente, la propia política de responsabilidad de los sindicatos, que han mantenido pese a todo una línea de moderación salarial.

Desde hace varios años, en efecto, no se ha necesitado ni querido una verdadera concertación con los sindicatos. La concertación era considerada (y así fue incluso teorizado por los responsables de Economía y del Banco de España) en realidad como un elemento que podría distorsionar el esquema de la política económica. La verdadera concertación, sintonía, consenso, identificación o como se le quiera denominar se ha realizado en relación con los empresarios. Lo que sí se ha intentado con insistencia es algo muy diferente, la legitimación política, lo que en la práctica equivalía a un acuerdo con UGT siempre que éste estuviese subordinado a los parámetros ya preestablecidos por la política gubernamental, como ha sido evidente, por ejemplo, con el tema de las subidas salariales de 1987 y de este año.

Negociación y coherencia

Detrás de tantas y a veces tan vehementes expresiones de voluntad concertada, la oferta de acuerdo siempre se ha situado, y el proceso actual lo está evidenciando, en el siguiente contexto: todo es negociable siempre que sea coherente con la globalidad, que sea razonable, que quepa en el presupuesto y que se inscriba dentro de la política del Gobierno. Como, naturalmente, no hay casi nadie (ni siquiera muchos ministros, que siempre piden en la elaboración presupuestaria más de lo que deben) que realmente sea capaz de saber lo que es la globalidad, lo razonable, lo que cabe en el presupuesto, y que sea al tiempo coherente con la política de Gobierno, el resultado viene siendo siempre el mismo: los empresarios se alinean con el Gobierno y los sindicatos suelen tener que sudar tinta para contrarrestar la campaña que contra ellos se desata.

últimamente ni siquiera se respetan los cánones: primero se anuncian las medidas que se van a tomar y luego se llevan a concertar. Antes, al menos, solíase escenificar una presentación compartida de las medidas más positivas. Lógicamente, el Gobierno tiene todo el derecho a anunciar que se va a establecer un nuevo sistema de pensiones asistenciales o que la asistencia sanitaria será en el futuro financiada a través de impuestos y no de cuotas, y hasta se puede comprender que tenga interés en capitalizar en solitario medidas de tipo social (hubiera sido deseable, en cambio, que cuando UGT las solicitó en la Comisión de Reforma de la Seguridad Social del AES no hubiese sido, cuando menos, denostada por ello).

Otra de las dificultades para alcanzar acuerdos consiste en que las posiciones que se defienden están claramente enfrentadas. Efectivamente, analizando los planteamientos de unos y otros respecto a cuestiones como la política de empleo, la reforma del Inem, la cobertura del desempleo, la política salarial, los fondos de pensiones, los fondos de inversión, la participación sindical, etcétera, se llega a la conclusión de que las diferencias no son de detalle sino de fondo.Si, como parece cierto, lo que ahora denominamos concertación (antes pacto social) suele progresar en situaciones de excepción o bien en base a líneas intermedias de mayor progreso social -y ninguna de esas dos circunstancias parecen darse o al menos valorarse de la misma manera-, la pretensión de alcanzarla sobre posiciones tan opuestas simplemente no funciona. Si además las coincidencias mayores se producen entre las partes teóricamente más alejadas y sobre cuestiones que concitan la oposición de todo el sindicalismo europeo, entonces concertar exige un milagro o un suicidio.

Con otras palabras, UGT lo viene diciendo hace algún tiempo: sin giro social no puede haber concertación y, objetivamente, todo indica que se va a dedicar más dinero a recuperar una parte del terreno perdido estos últimos años en algunos apartados sociales (pensiones, inversión pública en infraestructuras y servicios, cobertura del desempleo), lo cual estaría mejor si a cambio no se quisiera aprovechar la coyuntura para arruinar el principio de a igual trabajo igual salario y privatizar los servicios de colocación entre otras cosas; más dinero, pues, pero ningún cambio de orientación.

Alcanzar acuerdos viene en otras ocasiones obstaculizado no tanto por la dificultad aparente del tema sino por lo que denominaba al principio como tacticismos. Es decir, todo un conjunto de cuestiones difíciles de definir y que van desde quién lo pide, cuándo, la defensa del principio de autoridad o la tergiversación de los términos de la negociación. Permítanme un par de ejemplos para ilustrarlo.

Más de lo mismo

La negociación del Consejo Económico y Social ha estado bloqueada por la controversia sobre la presencia o no del Gobierno en su composición. De pronto se anunció que el Ejecutivo asumía el modelo propuesto por UGT, es decir, independiente del Gobierno. Todo parecía encarrilado, al menos para una coincidencia entre UGT y el Ejecutivo, hasta que se conoció el nuevo texto de la propuesta: en efecto, no estaba directamente el Gobierno, pero el CES pasaba a ser nada menos que... ¡un órgano de la Administración central del Estado! de carácter tripartito, es decir, más de lo mismo.

Respecto al derecho de negociación colectiva de los funcionarios, parecería que el tema debiera ser inequivoco: o se quiere establecer un derecho de negociación para los funcionarios o no se quiere. No será, en efecto, idéntico al del sector privado, dado que lo negociado deberá formar parte del proyecto de ley de Presupuestos y ser aprobado por las Cortes, pero tendrá que ser, sin duda, equivalente. Es decir, tendrá que tener al menos tres características que configuran una negociación colectiva:

1. Ser un derecho establecido con carácter permanente y no una concesión que hay que conquistar cada año.2. Ser una negociación orientada a la consecución de acuerdos y no una audición, consulta o discusión donde al final una de las partes, en este caso la Administración, es quien toma unilateralmente la decisión.

3. Abarcar el conjunto de materias que afectan a las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.

Como cuarta causa de la inexistencia de concertación hacía referenciara la propia moderación salarial practicada por las organizaciones sindicales incluso durante los años que no hubo acuerdo. Ello puede parecer a primera vista contradictorio, pero creo que no lo es, ya que, en efecto, y pese a que los sindicatos han obtenido un éxito muy importante en los dos últimos años rompiendo los pretendidos topes salariales, tampoco se puede ignorar que la amenaza salarial no ha quitado el sueño a la patronal ni le ha urgido buscar un acuerdo. Durante 1987 y 1988 los salarios se han mantenido -aun creciendo realmente- dentro del tradicional esquema de incremento inferior al crecimiento de la productividad. En otras palabras, han sido perfectamente asumibles para los empresarios y de hecho la negociación se ha desarrollado en el sector privado con igual o mayor fluidez que cuando hubo acuerdo. Con una ventaja adicional para los empresarios: el activo papel de gendarme salarial desempeñado por el Gobierno, lo que ha facilitado a algunos empresarios la operación de deteriorar las condiciones de trabajo a cambio de ir unas cuantas décimas más allá de los topes recomendados por el ministro de Economía. Eso sí que ha contribuido al tan traído empobrecimiento de la negociación colectiva.

No pretendo, desde luego, sacar de ello la conclusión de que los sindicatos deben modificar radicalmente su política y pasar en adelante a reclamar aumentos salariales del 20% para así recuperar capacidad de movilización y de concertación. Pero hay algo que me parece muy claro de cara al futuro: o efectivamente la moderación salarial (y me refiero a una moderación con crecimientos reales de salarios, es decir, a la europea) va acompañada de. otras contrapartidas por parte de los empresarios o si los sindicatos pretendieran mantenerla a pelo es muy posible que fueran desbordados por los trabajadores en sus demandas salariales.

Explosión corporativa

Entonces sí que podríamos entrar en una auténtica explosión corporativa que aumentaría, en lugar de atenuarlas, las desigualdades entre los trabajadores. Los que de manera tan injusta y frívola vienen acusando de corporativas a las organizaciones sindicales por pedir el 6% de aumento, mientras negocian subidas espectaculares con asociaciones solidarias consigo mismas -que ni son sindicatos ni se han presentado siquiera a las elecciones sindicales- pueden encontrarse con que las profecías que anuncian efectivamente se cumplan, si ello no va realmente, y no sólo retóricamente, compensado por un control social de los beneficios, el reparto del trabajo y la creación de empleo, la discriminación positiva de los salarios inferiores, el freno a la degradación del mercado de trabajo, el control sindical de la temporalidad laboral, el derecho de negocación en tiempo real de las consecuencias de la introducción de nuevas tecnologías, etcétera.

Para finalizar, una breve referencia a esa crítica de conservadurismo que se realiza sobre la actitud sindical. Aun no estando ciertamente los sindicatos exentos de actitudes y posiciones conservadoras, no deja de ser llamativa esa especie de tipismo ideológico que se está extendiendo en este país, en el que se asegura que el Gobierno ofrece más de lo que piden los sindicatos; en el que una misma política consigue las más altas tasas de beneficio para los empresarios y la mejor defensa de los trabajadores; en el que empresas sólo parecen ser los empresarios, y no los trabajadores, y en el que decenas de altos cargos de la Administración socialista (entre ellos algunos de los más críticos con las retardatarias posiciones de los obreros) practican una suerte de vía española al socialismo a través de la ocupación de cargos en la gran banca y otras grandes empresas privadas, con el mérito además de que ello no levante ninguna sospecha de entrismo en el poder económico. Casticismo ideológico impulsado en gran medida por quienes un ex ministro socialista denominaba "burguesía de Estado", que al mismo tiempo quieren ser la vanguardia del proletariado y del empresariado.