El giro social posible

Respecto a las medias verdades referentes a los expedientes de regulación de empleo, CC OO dice que cada vez se aprueba una proporción mayor de expedientes no pactados. No dice que el número total de trabajadores afectados por expedientes se redujo drásticamente, pasando de 695.000 en 1982 a 327.000 en 1987. De estos últimos, sólo 48.000 fueron de extinción de la relación laboral. El resto fueron de suspensión o reducción. CC OO tampoco señala que tan sólo el 6% de los expedientes aprobados en 1987 por la autoridad laboral en expedientes no pactados fueron de extinción. En 1982 la proporción fue del 16%. En números absolutos ello supuso 7.000 extinciones en 1987 frente a 18.000 en 1982. Todo ello se produce en el contexto de la legislación sobre regulación del empleo más favorable para el trabajador en toda Europa.En lo que se refiere al número de despidos, CC OO da cifras medias quinquenales pero omite cuidadosamente señalar la tendencia descendente durante el quinquenio, el que en 1987 el 66% de los despidos se produjeron con avenencia entre las partes (frente al 56% en 1982), y que las indemnizaciones abonadas por trabajador despedido se duplicaron durante el quinquenio. Además, CC OO considera brutal la cifra de 72.000 despidos en reconversión industrial, callando cifras comparativas conocidas por todos, como las 150.000 personas que perdieron su empleo tan sólo en el ajuste del sector del automóvil en Italia; por no hablar de la siderurgia o la construcción naval en la CE. También se omite que la reconversión española ha sido la más generosa para el trabajador de toda la Comunidad Europea.

Parece, pues, que la pretensión de CC OO es que se asocie la palabra flexibilidad con precariedad, en vez de asociarla con capacidad de adaptación de empresas al cambio económico para que puedan competir con éxito y crear más empleo. Es cierto que en algunos países se han aplicado políticas de flexibilidad socialmente muy traumáticas, pero también lo es que la política laboral española es una de las más favorables para el trabajador: se mantienen las instituciones de seguridad en el empleo para los trabajadores estables más proteccionistas de la Comunidad Europea y se aplican fórmulas más flexibles para los nuevos empleos, prohibiendo la sustitución de unos por otros y fomentando la conversión de empleos temporales en indefinidos.

Es inevitable en una economía de mercado que se creen y se destruyan puestos de trabajo. En nuestro país la autoridad laboral tiene que velar por que la destrucción de empleo sea la mínima imprescindible para salvaguardar la viabilidad de las empresas y el empleo restante.

También el Gobierno prefiere empleos estables a contratos temporales, ¿quién no?, pero ésa no es la alternativa. Ahora que el empleo crece, es sencillo alardear, pero ¿cuántos de entre el millón de empleos adicionales del último trienio existirían sin la reforma legal de 1984? Es cierto que en los últimos 12 meses han desaparecido 215.000 empleos indefinidos (que se corresponden en número con las bajas vegetativas de las empresas), pero como el número total de asalariados ha crecido en 408.000, ello implica que cada empleo indefinido amortizado se ha sustituido por tres empleos temporales, con un crecimiento del empleo que duplica las disminuciones de contratos indefinidos.

La alternativa no es, por tanto, un indefinido por un temporal, sino tres puestos de trabajo temporales por cada indefinido. Además, las encuestas dicen que el 63% de los contratos temporales se convierten a la larga en indefinidos.

La política consiste no sólo en desear lo bueno, sino en establecer medidas prácticas para conseguirlo y en evitar que, por intentar conseguir lo mejor de todo, se alcancen resultados contraproducentes. Eso es lo que sucedería si se aplicase la política propugnada por CC OO.

Plan de Empleo Juvenil

Por lo que se refiere al Plan de Empleo Juvenil, es todavía pronto para hablar de él, ya que no está discutido con las partes ni aprobado por el Gobierno. Puede hablarse del proyecto presentado por el PSOE y, desde luego, las cuentas sobre su coste no son las que hace CC OO. De existir subvención, ésta equivaldría a lo sumo al 50% del salario del joven, que sería el SMI. La exoneración de cuotas a la Seguridad Social en este caso es un coste relativo, ya que esos contratos de jóvenes no existirían de no existir este plan especial. Puede hablarse, pues, de un lucro cesante para la Seguridad Social, pero en la medida en que la inserción de los jóvenes propicie su permanencia futura en el empleo, ello significará un aumento del nivel de ingresos futuros del sistema.

No se podrá producir tampoco sustitución alguna de trabajadores ya empleados por jóvenes, ya que la relación laboral de carácter especial obligará a que los puestos de trabajo para inserción de jóvenes sean el resultado de un desdoblamiento de puestos ya existentes y a que el joven desempeñe simplemente tareas de colaboración. En suma, se trata de recrear la figura del aprendiz que tan buenos resultados está produciendo en Alemania y en otros países. Puede alegarse, como hace CC OO para toda las modalidades de contratación que las empresas no cumplirán la legislación, pero con el rigor de la legislación laboral vigente eso su pondría fraude de ley y la permanencia indefinida del joven en el puesto de trabajo o la nulidad de su despido. Ésa es la gran venta ja de la legislación garantista para proteger la seguridad en el empleo de los fijos: que permite desplazamiento.

En este caso la pretensión de mensaje lanzado por CC OO, según el cual el plan de empleo juvenil es una invitación al despido de fijos, es difundir un cierto miedo en los trabajadores adulto ante la amenaza de su desplazamiento por los jóvenes. ¿Tan poco importa la problemática de toda una generación de jóvenes que ha tenido la desgracia de llegar a la edad laboral en medio de una de las mayores crisis de empleo de la historia? ¿A qué conduciría esa prevención injustificada, sino a provocar enfrentamientos generacionales? ¿No es más razonable admitir la necesidad de un plan de choque, con suficientes garantías laborales para responder al reto de integrar en la vida laboral a toda la generación joven y velar después por que se cumpla la legislación?

G. Giro social. CC OO ya tiene decidido que no sólo el Gobierno descarta cualquier "giro social", sino que le falta voluntad para luchar contra la escasa capacidad de crear empleo de la economía española, se complace con la generalización de la economía sumergida, y presencia impasible la multiplicación del número de pobres y de la desigualdad en España. El único objetivo del Gobierno socialista, según CC OO, es apuntalar al capital, de acuerdo con los intereses de los burgueses, sin intentar tan siquiera introducir reformas Con ello se resta legitimidad a la democracia, que se limita a una pura fórmalidad, vacía de contenido. Lo anterior son palabras textuales. No he añadido nada, sólo he puesto juntas todas las aseveraciones. ¡He ahí el esquema básico de un discurso revolucionario!, de "agudización de las contradicciones objetivas" como recomendaba Lenin.

Resulta casi ocioso, ante la magnitud del rechazo de la política del Ejecutivo, precisar que el giro social que se propone por el Gobierno consiste en agotar el rnargen de maniobra posible aquí y ahora, sin tirar por la borda todo lo conseguido en el proceso de ajuste. ¿Cómo se puede hablar ahora de escasa generación de empleo de la economía cuando el umbral mínimo de crecimiento del PIB para que se cree empleo ha caído desde el 4,5% en 1984 al 1,2% en 1987? Se trata de una pura repetición mecánica de ideas fraguadas durante la crisis. Esa mayor capacidad de creación de empleo se verá ampliada en 1989 por el reforzamiento sustancial de la política de inversiones en infraestructuras, por sus efectos multiplicadores, y por la mayor beligerancia que la reforma del Inem dará a la política específica de fomento del empleo y la formación profesional. Estas políticas se enriquecerán con el Plan de Empleo Juvenil, la multiplicación de las escuelas-taller y casas de oficios y nuevas formas de incentivación de la contratación indefinida.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo tiene la intención de reforzar todas las políticas de protección social: desempleo, pensiones y sanidad, abriendo, además, la discusión sobre las pensiones no contributivas y reformando, tras el correspondiente debate, la legislación sobre salud, seguridad, higiene y condiciones de trabajo. Junto a ello, la política de remuneraciones en el sector público, tanto de los funcionarios como de las empresas públicas, resultará más holgada y dará margen para fijar prioridades -preferentemente de acuerdo con los sindicatos- a la hora de corregir situaciones de desigualdad entre los diferentes colectivos.

Éste es el giro social posible hoy, aunque el Gobierno es consciente de que no solucionará todos los problemas de manera inmediata y habrá que seguir trabajando duro para ganar la batalla contra el paro y lograr una corrección satisfactoria del grado de desigualdad existente en nuestra sociedad.

El pacto posible

¿Es posible con estos márgenes lograr acuerdos en la concertacion social? Yo creo que sí, a condición de no querer conseguirlo todo ya, olvidando la situación de partida, y a condición de que los interlocutores sociales interpreten estos acuerdos como una forma de contribuir con su participación a la mayor eficacia de unas reformas que se dirigen a los objetivos deseados por todos.

Lo que hay que resaltar es que el diálogo social es positivo en sí mismo y sirve para profundizar la democracia social, independientemente de que se alcancen o no acuerdos totales o parciales. El compromiso programático del Gobierno es poner todos los medios para hacer posible el consenso, pero naturalmente no puede garantizarlo.

Lo relevante es que el simple hecho de poner a debate a plena luz ante la opinión pública cada uno de los componentes de la política social del Gobierno constituye una excelente oportunidad para los interlocutores sociales de profundizar en el conocimiento de la situación y los objetivos de las políticas gubernamentales, y para el Gobierno de tener presente las objeciones, críticas y aportaciones de los agentes que tienen cricomendada por la Constitución la defensa de los intereses de trabajadores y empresarios.

El acuerdo es siempre deseable, porque dota de mayor eficacla a las políticas, pero, si no se alcanza, el propio mecanismo de diálogo social facilita la explicación a los ciudadanos de las razones que mueven al Gobierno y a los agentes sociales para mantener sus posturas respectivas. Y la gran ventaja de la democracia es que, al final, es el ciudadano el que juzga e indica la dirección a seguir: a los sindicatos, mediante la afiliación de los trabajadores y con su voto en las elecciones sindicales; al Gobierno y los partidos, mediante su voto en las elecciones políticas.