Queja marcial

Con la excusa del fallo del Tribunal Supremo sobre la solicitud de libertad condicional para el ex general Armada, ya tenemos al militar de turno (teniente general Allendesalazar, Cartas al Director, EL PAÍS, 24 de agosto) exponiendo su queja marcial respecto al Gobierno y su tratamiento de los asuntos castrenses. De la condición personal del ex general, sobre la que se fundamentaba aquella petición, nada se dice más allá del primer párrafo: es el pretexto.Realmente es dificil ver la firma de un militar ocupándose de otro asunto que no sean ellos mismos: defendiéndose, justificándose, vindicándose, doliéndose. Por supuesto, la mayoría de las veces valiéndose de la acusación implícita o explícita a quien les ataca, les censura, les menosprecia o les daña. Normalmente ese papel se lo asignan al Gobierno, a los políticos -a los abogados, como llamaba despectivamente a todos ellos el general Narváez-, cuando no a los civiles sin más, a su incomprensión, intromisión o ingratitud. La familia militar es una familia unida. Y recelosa.

Esta vez la censura versa sobre los reglamentos de prisiones militares, para los que se pide equiparación con los ordinarios. Es obvio, no se puede recriminar a la suprema judicatura: como casta se asemeja bastante a la militar (incluso el teniente general debe de saber que en ésta y en otras sentencias una cosa es el poder judicial y otra el ejecutivo en un Estado de derecho como el nuestro); valgan, pues, los políticos, Ios actuales políticos en el poder", claro. Nada sé de los reglamentos, pero mucho dudo de que la. falta de voluntad política de¡ Ejecutivo para la equiparación se deba, como se dice, a que de ser así el ex teniente general Milans del Bosch tendría que ser liberado obligatoriamente. Tenue voluntad sería. Antes bien, tengo la impresión de que hay algo más de oportunismo que de otra cosa en los requerimientos igualadores del teniente general: la retórica de la singularidad y especificidad de la profesión, del ejercicio y de los valores militares, que tanto distancian y marcan, termina para sus representantes allá donde la reglamentación civil es más ventajosa; en ese punto simplemente son civiles con uniforme. El precio es la incoherencia. Por lo demás, me temo que si mejor es hacer los reglamentos que las leyes, lo es mucho más aplicarlos; y esto cree que seguirá en manos de los propios militares, a pesar de todo.-

En su carta al director del pasado 24 de agosto, el señor Allendesalazar Urbina, teniente general del Ejército de Tierra, vierte unas opiniones sorprendentes fruto, sin duda, de un impulso incontrolado.

El general afirma que era obligada la adaptación del reglamento de prisiones militares al de prisiones ordinarias y que el Gobierno no ha llevado a cabo tal adaptación porque "ello hubiera traído la obligatoria libertad de don Jaime Milans del Bosch y Ussía". La jurisdicción militar

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está contemplada en la Constitución, pero, aparte de no explicar las razones de esa obligatoriedad, la conclusión que se desprende de su afirmación es que el Ejecutivo "se la tiene jurada" al golpista. Seamos serios. El problema del 23-F ya lo han resuelto los jueces en su día, dictando una sentencia que simplemente están cumpliendo los condenados. Cuando por ley puedan alcanzar la libertad, que se les conceda, y punto. No se trata de un problema político, sino penal, y como tal tiene que ser tratado. No procede el indulto para unos funcionarios que han humillado a toda la sociedad con las propias armas que ésta les confió, funcionarios que no provocaron una matanza por puro y simple milagro, cuando precisamente se les pagaba para defenderla.

Más adelante, el general entra a valorar el criterio del Gobierno en "esta materia político-penal" desde una óptica de insultante aversión al rojo, aversión que seguramente se desvanece en sus momentos de calma.

En su quinto párrafo creo que el general llega, incomprensible mente, al paroxismo de la ignorancia o de la demagogia. ¿Es posible que no comprenda que el derecho de huelga de un militar es, por razones obvias, improcedente? Es de suponer que tal argumento lo utilizó, con nula fortuna, para hacer bulto en sus incontroladas quejas contra la opresión del Ejecutivo.

"Me duele España". La frase de Ortega en boca del señor Allendesalazar, dada su trayectoria profesional (que supongo que el ministro de Defensa tendrá en cuenta para disculpar su momentáneo arrebato), puede incluso resultar hermosa. Pero en labios de algunos otros militares tuvo o puede tener tintes macabros. Al golpista de 1936 también le dolía España, y quizá por eso la dejó sembrada de cadáveres. Sugiero un cambio de frase: "Me duelen los españoles". Tal vez de ese modo al invicto no le saldrían tantos émulos- José A. Bustabad. La Coruña.