Las consecuencias del 'acuerdo tripartito'

La precipitada salida española del Sáhara en noviembre de 1975, forzada por la marcha verde organizada por el rey de Marruecos, Hassan II, los problemas internos españoles y la presión internacional, no alejó a España del problema saharaui. El acuerdo tripartito de 1975, firmado por España con Marruecos y Mauritania, al contemplar la partición del territorio entre los dos países africanos, dejaba de lado el problema de la autodeterminación del Sáhara. Cuando terminó la salida efectiva de España, el 26 de febrero de 1976, el Gobierno adoptó como postura oficial el desligamiento de cualquier responsabilidad respecto a la antigua colonia.Durante los primeros años de la transición democrática, ésta continuó siendo la postura oficial española. Sin embargo, el Frente Polisario reclamó en diversas ocasiones la responsabilidad de España en el contencioso político. En noviembre de 1977, el entonces ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, aclaraba la postura española haciendo hincapié en el acatamiento de las resoluciones emanadas de la ONU y haciendo mención a la defensa por parte española del principio de libre determinación como aplicable en el Sáhara. Sin embargo, durante los años en que UCD estuvo en el poder la política exterior española respecto al Sáhara tuvo vaivenes, como consecuencia de los problemas de negociaciones pesqueras y de apresamientos de barcos españoles en la zona.

El Gobierno español, en esos años, basó su política en mantener un buen nivel de relaciones con Marruecos y en el distanciamiento de las peticiones irreconciliables de los países magrebíes enfrentados en el Sáhara.

La llegada del PSOE al poder en 1982 hizo concebir esperanzas a los dirigentes polisarios sobre un cambio de actitud española en el conflicto, ya que los socialistas habían expresado su comprensión de las tesis del Frente Polisario cuando estaban en la oposición. Dichas expectativas se vieron frustradas por una política que se basaba en la mejora de las relaciones con Marruecos. Como única variación notable, el Gobierno expresó ya en 1983 su apoyo a la celebración de un referéndum en el Sáhara. El rey Juan Carlos reiteró el apoyo español a la autodeterminación saharaui durante su viaje a Argel en 1983. En 1985, el Gobierno español hizo un esfuerzo para mejorar sus relaciones bilaterales con Marruecos y Argelia con visitas de alto nivel, en un intento de construir una política exterior magrebí que no se centrase exclusivamente en el conflicto del Sáhara.

Ese mismo año, España cerró la oficina de representación del Frente Polisario en Madrid tras el ametrallamiento del pesquero Junquito y de la patrullera Tagomago por parte de los saharauis. A finales de 1987 se dieron los primeros pasos para la recuperación del diálogo entre el Polisario y el Gobierno español.

El Frente Polisario solicitó en noviembre de 1987 la participación de España en la supervisión del referéndum sobre el Sáhara.