Jueces progresistas temen que el Gobierno controle la instrucción de ciertos delitos

El juez Javier Martínez Lázaro es el segundo miembro del secretariado de Jueces para la Democracia que en los últimos días se ha mostrado contrario a que los fiscales sustituyan a los jueces en la instrucción sumarial. En línea con lo manifestado el pasado viernes en Santander por su compañero Juan Alberto Belloch (véase EL PAIS del 20 de agosto), Martínez Lázaro declaró ayer a Efe su sospecha de que exista "un interés por parte del Gobierno de controlar la investigación de determinados delitos".Martínez Láz aro criticó el apoyo del ministro de Justicia, Enrique Múgica, a la atribución de la investigación de los delitos al fiscal, y explicó que la oposición de la asociación judicial progresista a esta reforma se deriva de que el fiscal "es una parte en el proceso, y además, a diferencia del juez", señaló, "está sujeto al principio de jerarquía, por lo que podría quedar sometido a dictámenes superiores que comprometerían la propia independencia de la instrucción".

Respecto a las reivindicaciones judiciales asumidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que en septiembre continuarán negociándose con el Ministerio de Justicia, Martínez Lázaro reconoció que esta actitud del órgano de gobierno de los jueces ha significado un cambio respecto a épocas anteriores, . aunque es pronto para saber", añadió, "si eso influirá en una línea de acción del Consejo más cercana a los problemas reales de la justicia". Recordó que en algunos momentos parecía "que el CGPJ, en vez de ser el órgano que garantizaba la independencia de los jueces, asumía exclusivamente unas funciones de control de la actividad judicial, distanciada de los propios jueces".

Jurado y cárceles

En todo caso, destacó que en opinión de Jueces para la Democracia hay problemas más importantes, como la implantación del Jurado, "una de las enormes asignaturas pendientes de la Constitución", dijo.Para la asociación judicial progresista, otro grave problema es la situación de las cárceles, ya que no cumplen la función rehabilitadora que, junto a la sancionadora, le asigna la ley. Según Martínez Lázaro, el juez hoy se plantea y "en muchos casos empieza a ser un problema de conciencia", dijo, si al condenar a un delincuente no sólo se le está privando legalmente de su libertad, sino sometiéndole, entre otros peligros, a contraer el SIDA o a agresiones de otros reclusos.

Asimismo, calificó como "absolutamente caótica" la situación en los hospitales psiquiátricos y dijo que falta una organización de vigilancia que permita a los jueces controlar la legalidad de la permanencia de los internos.

Entre otras medidas, estimó necesaria la instalación de juzgados especializados, el reforzamiento de las plantillas en aquellos juzgados en cuyo territorio existe un Hospital Psiquiátrico y la creación de un registro central de internos que permita saber en todo momento cuál es su situación legal.