El vicepresidente canario acusa al PSOE de querer desprestigiarle
El vicepresidente canario, Lorenzo Olarte, del CDS, culpa al PSOE de haber urdido una maniobra contra él y contra su compañero de partido y consejero de Economía y Comercio, Luis Hernández, al implicarles en la solicitud de un crédito hipotecario de 1.080 millones de pesetas concedido por la Caja Insular de Ahorros de Canarias para financiar un proyecto inmobiliario. Según Olarte, los socialistas quieren desprestigiarles y desestabilizar el Gobierno regional.Olarte, que sostiene que su nombre y el de Hernández fueron incluidos intencionadamente sin su consentimiento, sospecha de los vocales socialistas en el consejo de administración de dicha caja y asegura que había exigido la suspensión del crédito antes de que la semana pasada Izquierda Canaria Unida (ICU, versión de IU en las islas) denunciase el caso.
El crédito fue solicitado por la sociedad Puerto Marena, cuyo principal accionista es la empresa constructora Álvarez y Chirino, en la que figuran como socios minoritarios Olarte, Hernández y otros dos políticos centristas.
Los comunistas reprobaron el hecho de que entre los beneficiarios del crédito estuvieran dos miembros del Gobierno autónomo, teniendo en cuenta que éste ejerce el control y fiscalización de las cajas de ahorro canarias.
Estupor
Las imputaciones de Olarte han merecido una reacción de estupor del portavoz socialista en el Parlamento canario, Juan Alberto Martín, quien restó toda credibilidad a sus acusaciones. Olarte mantiene que, a raíz de los primeros rumores sobre este asunto, expresó sus sospechas al secretario general del PSOE en Canarias, Jerónimo Saavedra, y le expresó sus quejas por considerar que las filtraciones procedían de los representantes socialistas en el máximo órgano de gestión en la Caja Insular.Por su parte, el presidente del Gobierno autónomo, Fernando Fernández Martín (CDS), ha restado importancia al caso, mostrando su total apoyo al consejero de Economía. Fernández había remitido al fiscal general, días atrás, antes de la actual polémica, unas declaraciones de uno de los dos diputados regionales de ICU, Antonio González Viétez, en las que éste tachaba al Gobierno de estar unido por "intereses inmobiliarios".
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