La herencia encarcelada
NADA PERMITE afirmar que la situación de las cárceles españolas sea hoy mejor que la que se encontraron los socialistas en el momento de acceder al poder, a finales de 1982. Quizá la única aunque fundamental batalla ganada en estos años sea la de la erradicación de los malos tratos y sevicias, como los que se hicieron patentes en casos como el de la muerte del recluso anarquista Agustín Rueda o en los que estuvo implicado un grupo de funcionarios de la cárcel de Herrera de la Mancha. Pero mientras tanto, en los seis años transcurridos desde entonces hasta ahora, la población penitenciaria ha batido el récord de su historia: supera actualmente los 30.000 internos; la crónica masificación de las prisiones situadas en los grandes núcleos urbanos se ha agravado hasta límites humanamente inconcebibles; los efectos del tráfico y del consumo de droga no han dejado de extenderse entre los reclusos, y, por si esto no fuera ya bastante, la irrupción del SIDA a partir de 1983 ha puesto trágicamente al descubierto la precariedad del sistema asistencial y sanitario vigente en las prisiones españolas. La herencia recibida -de origen exclusivamente socialista- es, sin duda, pesada, y el nuevo director general de Instituciones Penitenciarias deberá echar mucha imaginación al asunto para tratar de aligerarla y evitar que le aplaste bajo su peso.Lo que ocurre actualmente en las cárceles españolas no puede desligarse de la contradictoria y zigzagueante política practicada por el Gobierno socialista en estos años en materia de orden público y seguridad ciudadana y de las dudas que le han atenazado en el tratamiento a seguir con el problema de la drogadicción y con la alarmante y sorpresiva llegada del SIDA. El hacinamiento y la masificación es un efecto directo del endurecimiento legal de las condiciones para la libertad provisional del detenido -el 42% de los 30.000 reclusos actuales está a la espera de juicio- y de la falta de adaptación de la infraestructura carcelaria al fuerte ritmo de aumento de la población penitenciaria en los últimos años. La eficacia judicial, a pesar de lo que pueda parecer, ha aumentado, y a ello se debe que, por primera vez en la historia de las cárceles españolas, los reclusos penados superen sustancialmente a los preventivos. Sin embargo, el todavía alto porcentaje de estos últimos pone en evidencia la existencia de una legislación sobre la prisión preventiva más pensada en virtud de criterios de alarma social que de las garantías constitucionales que amparan a personas todavía no juzgadas y sobre las que no pesa condena alguna.
No cabe duda de que el proceso de masificación a que están sometidas las cárceles españolas dificulta todo intento de mejora de su situación sanitaria. Pero en este terreno también ha producido verdaderos estragos la conducta irresponsablemente paralizante practicada estos años por las autoridades penitenciarias en relación con el tratamiento de los reclusos afectados por la drogodependencia y el SIDA. La reciente decisión de entregar lejía a los reclusos drogadictos para desinfectar las jeringuillas con que se inyectan parece reflejar un cambio de actitud y el inicio del reconocimiento de una realidad que, al margen de que sea o no legal, tiene una evidente dimensión sanitaria. No basta afirmar, como ha hecho el nuevo responsable de prisiones, que es necesario impedir el trasiego de la droga en el interior de la cárceles. Es, sin duda, una obligación legal a la que se debe. Pero no lo es menos atender médica y sanitariamente a los miles de reclusos drogadictos y afectados por el SIDA y no dejarlos prácticamente abandonados a su suerte. Los problemas acumulados durante el sexenio socialista en las cárceles españolas no se arreglan con declaraciones bienintencionadas o con frases ambivalentes. Es urgente un giro radical en la actual política penitenciaria y su sustitución por otra que retome de nuevo el imperativo constitucional de respeto a la dignidad del preso.
