El Gobierno argentino declara "prescindibles" a 30.000 funcionarios

El equipo económico del Gobierno argentino decidió declarar "prescindibles" a 30.000 empleados de la Administración, suspender la financiación de las principales obras públicas, reducir la provisión al programa de construcción de viviendas del Banco Hipotecario y no cubrir con reservas del Tesoro las pérdidas de las empresas del Estado, como parte del "esfuerzo" al que se comprometió para reducir el elevado déficit fiscal.

Las medidas fueron anunciadas por el ministro de Economía, Juan Sourrouille, en una conferencia de prensa. La moneda argentina, el austral, desde que el 14 de junio de 1985 se aplicara el plan del mismo nombre, fue devaluada un 12% y los bancos y las agencias de cambios atendieron al público ayer en un horario ampliado -de ocho de la mañana a seis de la tarde- después de tres días de cierre obligado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA, emisor).El escepticismo de la población -que las encuestas miden con sólo un 4% de confianza en las nuevas medidas- se percibió también en la ironía con que el ministro Sorrouille fue recibido por la Prensa cuando el miércoles, cerca de la medianoche, se presentó en el auditorio del Ministerio de Economía. La conferencia llevaba ya una hora y media de retraso y los periodistas aplaudieron al ministro cuando se ubicó en el estrado junto con todo su equipo. El programa antiinflacionista anunciado gira alrededor del acuerdo que el Gobierno alcanzó en la madrugada del miércoles con los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA). El presidente Raúl Alfonsín llegó de forma imprevista a la casa del secretario de Hacienda, Mario Brodersohn, donde se discutían las medidas, y rogó a las partes que "comprendieran" la necesidad del Gobierno.

El pacto, que involucra a unas 400 empresas líderes, prevé un control de los precios de sus productos -que fueron remarcados en un 20% de promedio en los tres últimos días- para tratar de situarlos en los niveles que tenían el pasado 2 de agosto y luego iniciar una "tregua" de 60 días en los que se autoriza una subida de sólo el 1,5%. En octubre se iniciaría una nueva etapa de "indexación concertada" en la que se espera que la inflación pueda mantenerse por debajo del 10% mensual.

El Gobierno y la UIA crearon un comité de seguimiento y control del acuerdo, encargado de informar periódicamente sobre la marcha de los precios.

El Ministerio de Economía autorizó el aumento, en un porcentaje similar a la inflación del mes de julio -el 25%-, sobre los salarios de la Administración pública, pero dejó librado a la discusión entre sindicatos y empresas el reajuste en el sector privado. La Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó una respuesta inmediata al pedido de audiencia con el presidente Raúl Alfonsín que presentó "hace más de 100 días". Tras una tensa reunión que mantuvo con el ministro de Trabajo, el secretario general, Saúl Ubaldini, adelantó que la semana próxima se reunirá el comité central de la CGT para discutir un "plan de lucha" y la declaración de una huelga general.

Liberalización de cambios

Por su parte, las organizaciones que representan al sector de productores agropecuarios resolvieron finalmente aguardar la evolución del plan económico.El presidente Alfonsín les prometió que en abril del año próximo se liberaría el tipo de cambio, actualmente dividido entre "comercial" y "financiero".

Los industriales podrán liquidar sus exportaciones por el "financiero", pero las ventas de divisas por exportaciones agropecuarias se deberán efectuar a un tipo de cambio promedio entre ambos. De ese modo, el Banco Central compra divisas a un precio menor y las vende al valor más alto del mercado.

El "juicio político" al equipo económico, exigido por la oposición peronista en la Cámara de los Diputados, acabó en un escándalo ante la resistencia del radicalismo a conceder los votos necesarios para alcanzar los dos tercios que contempla la ley. El bloque peronista se retiró en masa de la sesión ante los gritos de los diputados radicales, que les acusaban de hacer "electoralismo".

El mismo cargo, de "aplicar un plan de emergencia con el único objetivo de llegar a las elecciones", le han hecho todos los dirigentes políticos de la oposición al Gobierno.