Infracarreteras

LA FATÍDICA estadística anual sobre las víctimas de la carretera en el inicio de las vacaciones ha venido a coincidir este año con el anuncio por parte del secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, de la necesidad de poner el acento, entre las prioridades presupuestarias, en las dirigidas a colmar el déficit de nuestro país en materia de infraestructuras. La operación salida se ha saldado este año, según los datos facilitados ayer por la Dirección General de Tráfico, con un total de 62 accidentes que costaron la vida a 77 personas y causaron heridas de gravedad a otras 60. La cifra es ligeramente inferior a la del año pasado, si bien conviene no olvidar que en 1987 se registró un incremento récord del 60% respecto a la operación salida de 1986. Ello significa que seguimos padeciendo una sangría catastrófica, por más que la repetición del hecho haya embotado la sensibilidad de muchas personas que tienden a considerar la siniestralidad de la ruta como un mal inevitable.Es cierto que se trata de un mal universal, relacionado con pautas de comportamiento muy arraigadas en la sociedad contemporánea. En Europa occidental no menos de 50.000 personas hallan la muerte en la carretera cada año. Pero el hecho de que en países como Francia se haya conseguido a lo largo de 1987 reducir la siniestralidad de las carreteras a niveles inferiores a los registrados a comienzos de los años sesenta demuestra que es posible actuar contra la fatafidad. En España, la siniestralidad es, en proporción a su parque automovilístico, de las más elevadas del mundo. Durante bastantes años se ha venido insistiendo, desde la Administración, en culpar unilateralmente a los malos hábitos de los conductores españoles de esos resultados catastróficos. Sólo recientemente se ha admitido la parte de responsabilidad que corresponde al mal estado de la red terrestre de comunicaciones, si bien de ello se deducía un argumento que venía a reforzar el reproche a los conductores: que éstos eran unos irresponsables por no tener en cuenta el mal estado de las carreteras a la hora de coger el volante.

El retraso acumulado en la política de obras públicas viene de lejos, pero, tras seis años en el Gobierno, los socialistas no pueden seguir amparándose en él parajustificar el creciente desnivel entre el número de vehículos en circulación y la red viaria disponible. El parque automovilístico español está creciendo en los últimos años a un ritmo del 3%, al que hay que añadir el derivado del aumento del número de turistas extranjeros que recorren nuestras carreteras. Gobernar es elegir, pero también prever. La catastrófica situación de las comunicaciones telefónicas, efecto al parecer de que a nadie se le ocurrió pronosticar el incremento de la demanda social de este servicio público producido en los años ochenta, ilustra, en negativo, los efectos de una desacertada política de previsión en materia de infraestructuras. Por ello, tanto el actual plan de reforma de la red viaria como las declaraciones de Borrell deben interpretarse como una sutil autocrítica por parte de los gobernantes, a los que durante los últimos años han irritado, más que preocupado, las críticas de los medios de comunicación sobre esa materia.

Borrell ha venido a decir que, tras el saneamiento del aparato productivo, la prioridad corresponde ahora a la supresión de los cuellos de botella, que, por déficit de infraestructuras, dificultan un desarrollo armónico de las posibilidades de la economía española. Que esos estrangulamientos existen es una evidencia, y no haberlo previsto a tiempo revela falta de perspectiva de nuestros tecnócratas. Es cierto que mientras luzca el sol las divisas del turismo parecen aseguradas. Pero es revelador que en una encuesta realizada en 1987 los dos aspectos que nuestros visitantes consideraban más negativamente fueran el exceso de ruido y el deficiente estado de las carreteras.