Malas compañías

EL PROCESAMIENTO del vicepresidente de la Xunta de Galicia, Xosé Luis Barreiro, añade un serio factor de inestabilidad a un Gobierno autónomo de coalición nacido tras una sucesión de acontecimientos teñidos con los peores vicios de la política mal entendida: la componenda, el oportunismo, el transfuguismo y el tráfico de votos.Los indicios que han llevado a la Audiencia Territorial de Galicia a dictar el procesamiento del político gallego nada tienen que ver con aspectos de su vida privada. Se refieren al ejercicio de sus funciones en el marco de sus responsabilidades públicas y apuntan a la comisión de vergonzosas prácticas políticas: el cohecho y la prevaricación.

Los hechos que se le imputan a Xosé Luis Barreiro no son tan singulares en nuestros días. La concesión por la buenas de una lotería instantánea a una sociedad que ni siquiera estaba constituida legalmente forma parte del elenco de dudosas actuaciones que han alimentado en estos años la sospecha de existencia de tráfico de influencias en la actividad política. La Galicia de los años de gobierno de Alianza Popular no ha estado ni mucho menos exenta de tales prácticas corruptas. La reiteración de adjudicaciones directas de obras públicas por los dirigentes aliancistas de la Xunta a determinadas empresas por cientos de millones de pesetas o la inversión de dinero público destinado al fomento del empleo en la creación de saunas y peluquerías han sido irregularidades que las propias autoridades de la Xunta decidieron en su día investigar. El hecho de que, de toda esa maraña de corrupción, sólo haya llegado al cono cimiento de los tribunales una determinada cosa puede parecer sospechoso, pero en nada disminuye la gravedad de los hechos que se imputan al actual vicepresidente. Y el que el despecho y la venganza sean fácilmente detectables en la denuncia formulada contra Barreiro por sus antiguos correligionario s tampoco resta importancia a la resolución judicial adoptada contra el político gallego.

Las consecuencias de la situación creada afectan, en primer término, al propio Barreiro. Seguir, como si nada hubiera ocurrido, ejerciendo la vicepresidencia de la Xunta de Galicia no contribuiría a realzar el prestigio de una institución autonómica tan necesitada de él.

Pero el caso afecta también, y muy directamente, a sus compañeros de coalición, los socialistas gallegos, que no dudaron en buscar una alianza más que dudosa con los prófugos de otro partido con el objeto de desplazar del Gobierno autónomo al grupo político más votado de la región. El presidente de la Xunta, Fernando González Laxe, salió por peteneras, en un principio, asegurando que se trataba de un asunto relacionado con "hechos del pasado", y le atribuyó una dimensión exclusivamente judicial. Ahora trata de que su vicepresidente presente la dimisión sin que ello produzca una grave crisis política en Galicia. Pero fue él quien aceptó nombrar como segundo de su Gobierno a un político cuya reputación ya estaba en entredicho por su actuación en el Gobierno anterior y sobre quien pesaba una querella criminal con claros indicios de prosperar, por mucho que esa querella hubiese sido presentada por sus antiguos correligionarios aliancistas en el contexto de la crisis política que les costó el poder.

Los socialistas fueron los paladines justicieros de la lucha contra la corrupción del Gobierno conservador cuando se encontraban en la oposición, pero no dudaron en pactar con uno de los sospechosos de esa corrupción cuando quisieron subirse al caballo del poder. Ahora tratan de forzar la dimisión de Barreiro para salvar la honorabilidad del Ejecutivo que presiden, pero necesitan los cuatro votos de Coalición Gallega para mantener la mayoría en el Parlamento autónomo. En el pecado llevan la penitencia.