Roto el diálogo sobre las bases de EE UU en Filipinas

Las negociaciones entre Filipinas y EE UU para la renovación del tratado de defensa bilateral que autoriza la presencia de bases norteamericanas en Filipinas fueron aplazadas ayer indefinidamente, en Manila, ante las diferencias sobre las compensaciones financieras y sobre la presencia de armas nucleares en las instalaciones. No obstante, parece probable que se reanude el diálogo y se renueve el actual compromiso sobre las instalaciones estadounidenses.

La delegación filipina, que dirige el ministro de Asuntos Exteriores, Raúl Manglapus, pide, al parecer, unos 1.200 millones de dólares anuales en concepto de alquiler de las bases de Subic Bay (naval) y Clark (aérea), situadas a unos 80 kilómetros al noroeste de Manila. Ambas albergan las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos fuera de su territorio nacional.EE UU ofrece 750 millones de dólares, más una serie de compromisos de compra de material filipino (por valor de otros 200 millones). Junto a los salarios que reciben los 68.000 filipinos empleados directa o indirectamente en las bases (equivalentes a otros 100 millones de dólares al año), se llegaría ya, según Estados Unidos, al nivel de las peticiones filipinas. Actualmente Filipinas recibe unos 180 millones de dólares en virtud de acuerdos quinquenales, prolongados ininterrumpidamente desde 1947.

"Se trata tan sólo de una interrupción de las negociaciones, no de una ruptura, y esperamos reanudarlas en fecha próxima", dijo por su parte un portavoz de la embajada de EE UU en Manila. Por el contrario, un alto miembro de la delegación filipina dijo que "Estados Unidos desea maquillar las compensaciones y, en este sentido, no es posible continuar negociando".

Además de las diferencias en el capítulo financiero, filipinos y estadounidenses se enfrentan por la cuestión del armamento nuclear. La nueva Constitución filipina prohibe el almacenamiento, la fabricación o la instalación de armas nucleares en Filipinas. Un tema, sin embargo, que, de resolverse el litigio financiero, encontraría probablemente alguna solución, como la de aceptar, por parte filipina, la doctrina militar estadounidense, que, por razones estratégicas, nunca confirma ni desmiente si los barcos o aviones militares llevan armas nucleares.

El asunto de las bases militares es un tema al que la opinión pública filipina está muy sensibilizada, al igual que la presidenta, Corazón Cory Aquino, que intenta estabilizar un sistema democrático debatiéndose entre las presiones de la extrema derecha militarista -que en el pasado intentó en cinco ocasiones derrocarla- y la activa guerrilla comunista (el Nuevo Ejército del Pueblo, brazo armado del clandestino Partido Comunista de Filipinas).

"Las bases son un legado colonial, una imposición y una injusticia para el pueblo filipino" dijeron ayer en Manila los integrantes del Frente Nacional Democrático, la coalición semiclandestina que agrupa a varios partidos y movimientos de la izquierda. Según ellos, la ruptura actual es sólo un movimiento táctico, ya que la Administración Aquino estaría dispuesta a renovar los acuerdos de las bases, que caducan en septiembre de 1991.

Para Cory Aquino la prolongación del acuerdo sobre las bases está también íntimamente vinculada -aunque no se cite oficialmente- a la iniciativa estadounidense de conceder a Filipinas una ayuda económica por valor de unos 10.000 millones de dólares en cinco años, en una especie de miniplán Marshall en el que cooperarían también, además de EE UU, los países de la Comunidad Europea, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La mayoría de analistas de la situación filipina consideran que para Cory Aquino la recuperación económica del país es vital para estabilizar la democracia en Filipinas.

El pasado lunes, un suboficial norteamericano, destinado en la isla de Clark, fue asesinado cerca de esta instalación militar por unos individuos que le dispararon desde un coche cuando estaba corriendo. Según un portavoz estadounidense, las primeras informaciones indicaban que se trató de un crimen común, sin motivaciones políticas.