La cocaína decomisada aumentó un 69%, en 1987

FRANCISCO MERCADO Las fuerzas de seguridad españolas decomisaron en 1987 un 69% más de cocaína que el año precedente -en total, 1.134 kilos intervenidos- y un 24% más de hachís, mientras que de heroína apenas se produjo un aumento de un 1,4% de la cantidad incautada. Estos datos proceden de la Memoria sobre 1987 del Plan Nacional Sobre Drogas, presentado ayer por el ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas.

Éste interpretó que estas cifras, junto con el de un notable incremento de asistencia en urgencias a cocainómanos, impensable hace unos años, revelan que "desgraciadamente" el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) está actuando como factor disuasorio del consumo de heroína, actualmente "estancado o en suave descenso", y desvía a otras drogas.Por otro lado, según Santiago de Torres, jefe del gabinete técnico del Plan Nacional Sobre Drogas, en Barcelona se ha extendido una psicosis entre los yonquis ante la mortandad causada por una partida de alta pureza de heroína -su pureza es del 50% al 60%, cuando lo normal es que no llegue al 10%-, lo que se traduce en un aumento de afluencia a hospitales para iniciar un periodo "más o menos largo" de abstinencia y de tratamiento.

García Vargas afirmó que estas partidas superpuras se deben a que el mercado interno español de la droga está cambiando tanto debido a la movilidad poblacional veraniega como a la "eficacia policial", que obliga a buscar canales de tráfico alternativos. El ministro afirmó que este problema se estaba produciendo ya en Italia y pronto se incrementaría en España, con la consiguiente repercusión en muertes de yonquis.

Según la Memoria del Plan Nacional Sobre Drogas, el pasado año se produjeron 21.750 detenciones de españoles -6.000 más, que en 1986- y 3.785 de extranjeros por tráfico de drogas.

El número de centros ambulatorios de tratamiento para toxicómanos pasó de 170 a 224 en el año anterior. Y las comunidades terapéuticas se duplicaron en 1987, pero de las 114 que existen en, sólo el 35% son gratuitas para el usuario. El 45% tienen financiación pública, total o parcial, y un 20% viven sólo de lo que cobran a los pacientes.

García Vargas también indicó que se ha elaborado un protocolo de los requisitos mínimos que deben cumplir los centros de desintoxicación para frenar los abusos que existía en este sector.